Toluca.- La Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso del Estado de México aprobó por unanimidad la iniciativa del diputado Octavio Martínez Vargas, del grupo parlamentario de morena, para sancionar con hasta 24 años de prisión a quienes provoquen accidentes de tránsito con el fin de obtener dinero de manera ilegal, práctica conocida como “montachoques”.
Detalles de la sanción y agravantes
El dictamen establece penas de hasta 12 años de prisión y mil 500 días de multa. Además, la sanción se duplicará cuando el delito se cometa en perjuicio de personas adultas mayores, con discapacidad, mujeres o personas en situación de vulnerabilidad, alcanzando así hasta 24 años de prisión y tres mil días multa.
Durante la sesión, presidida por la legisladora Emma Laura Álvarez Villavicencio, del Partido Acción Nacional, el diputado Octavio Martínez destacó la urgencia de tipificar este delito. Señaló que en Ecatepec se registran aproximadamente 15 casos de extorsión tipo “montachoques” por día, con un promedio de ganancia de 10 mil pesos por incidente.
Origen y alcance del fenómeno
El legislador explicó que esta práctica surgió en Ecatepec durante administraciones anteriores y se extendió a municipios vecinos y a la Ciudad de México. Indicó que el Estado de México se convertiría en la primera entidad del país en legislar sobre este delito de manera específica.
Asimismo, recordó que después de presentar su propuesta, el diputado federal Emilio Manzanilla Téllez, del Partido del Trabajo, presentó una iniciativa similar en la Cámara de Diputados para tipificar el fraude por colisión vehicular con penas de hasta ocho años de prisión.
Contexto adicional y cuestionamientos
En otro tema, el legislador Octavio Martínez cuestionó al titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, sobre los resultados del operativo realizado contra el robo de agua. Dicho operativo incluyó la intervención de 189 inmuebles y el aseguramiento de 322 pipas presuntamente relacionadas con la extracción y venta ilegal del líquido en 48 municipios.
Martínez Vargas señaló que no se han detenido líderes ni se han procesado responsables del llamado “huachicol de agua”. Además, destacó que la falta de resultados ha afectado el suministro en hospitales, escuelas, mercados, industrias y centros de reclusión, generando un problema para la entidad.
