Toluca.- El Congreso del Estado de México analizó una iniciativa del Grupo Parlamentario del PRI que propuso sancionar con hasta cinco años de prisión a quien difunda imágenes, audios o videos de contenido sexual manipulados mediante Inteligencia Artificial (IA) sin consentimiento.
El diputado Elías Rescala Jiménez y la legisladora Lilia Urbina Salazar presentaron la propuesta de reforma al Código Penal estatal. Esta busca sancionar con uno a cinco años de cárcel y multas de 200 a 500 Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a entre 22 mil 628 y 56 mil 570 pesos, a quienes manipulen y compartan material íntimo falso generado con tecnología.
Detalles de la iniciativa
Conductas sancionadas
La iniciativa establece que la persona que, utilizando la Inteligencia Artificial, manipule o cree imágenes, audios o videos con contenido sexual falso para exponer, distribuir, difundir, reproducir, comercializar o compartir dicho material sin consentimiento será sancionada conforme a la nueva disposición penal.
De este modo, la propuesta busca actualizar el marco jurídico estatal ante el uso de tecnologías capaces de alterar la apariencia de las personas mediante programas y aplicaciones que efectúan ajustes automáticos en archivos audiovisuales.
Fundamento de la propuesta
Durante la exposición, la diputada Lilia Urbina recordó que estas conductas vulneran derechos humanos y afectan la intimidad de las personas, en especial de niñas, adolescentes y mujeres. Señaló que este tipo de prácticas atentan contra la dignidad humana, generan daños psicológicos y cosifican a las víctimas.
Asimismo, advirtió que la manipulación digital sin consentimiento transgrede el derecho a la propia imagen y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, particularmente en el entorno digital.
Casos y antecedentes
La legisladora refirió el caso de un exalumno del Instituto Politécnico Nacional, detenido en octubre de 2023 con más de 166 mil imágenes y 20 mil videos sin consentimiento, lo que evidenció la urgencia de establecer medidas legales más estrictas contra el uso indebido de tecnologías digitales.
En consecuencia, la reforma plantea equiparar las penas con aquellas ya previstas para la difusión no consentida de material íntimo obtenido con consentimiento previo, pero divulgado sin autorización de la víctima.