Toluca.- En el Congreso del Estado de México, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) presentó una propuesta para compensar económicamente a personas jubiladas si el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) retrasa el pago de sus pensiones. La diputada Maricela Beltrán Sánchez expuso la iniciativa.

Propuesta para garantizar ingresos a jubilados

Otorgar pensión provisional y compensación

La propuesta establece que, si la solicitud de pensión no se resuelve en un plazo máximo de 30 días hábiles, se debe entregar una pensión provisional. Además, si no se cumple este pago, se compensaría con un 5% mensual sobre el monto no entregado.

Excepciones previstas por la ley

La propuesta respeta las excepciones ya contempladas por la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios. Estas incluyen incompatibilidad de pensiones, reingreso al servicio público, verificación de documentos, actos que afecten derechos adquiridos y pagos indebidos.

Contexto del rezago en el ISSEMyM

Demoras de más de un año

De acuerdo con la legisladora, aunque la normativa establece que las solicitudes deben resolverse en 30 días hábiles, en la práctica los procesos toman más de un año. Esto afecta directamente a personas jubiladas que dependen del ingreso para su sustento.

Déficit operativo del instituto

Según datos oficiales, en 2024 el 59% del gasto total del ISSEMyM se destinó al pago de pensiones y jubilaciones. A pesar de ello, se han documentado rezagos importantes en los trámites administrativos. En 2023, los egresos del ISSEMyM alcanzaron los 38 mil 846 millones de pesos, mientras que los ingresos fueron de 37 mil 832.98 millones, lo que provocó un déficit operativo.

Objetivo de la iniciativa

Evitar afectaciones por fallas administrativas

La propuesta busca evitar que las personas jubiladas enfrenten consecuencias por fallas administrativas o por el desorden financiero de las instituciones. También pretende reforzar el cumplimiento de los derechos adquiridos por los servidores públicos del Estado de México.

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