Régimen de excepción perpetuado
San Salvador.– Amnistía Internacional advirtió que el régimen de excepción, prorrogado ya 42 veces consecutivas por el gobierno salvadoreño, junto con reformas legales en materia penal, ha desvirtuado el Estado de Derecho y consolidado un aparato represivo. Este modelo otorga apariencia de legalidad a la detención masiva sin pruebas, la suspensión de garantías judiciales y la ampliación de plazos de detención administrativa.
Criminalización de voces críticas
La organización denunció que las reformas al sistema penal permiten el uso de tipos penales ambiguos, como “agrupaciones ilícitas” u “organizaciones terroristas”, para criminalizar a líderes comunitarios, sindicalistas y defensores del territorio y del medio ambiente. Organizaciones locales contabilizan más de 70 casos de detenciones arbitrarias en los últimos tres años.
“En lugar de impartir justicia imparcialmente, el sistema penal en El Salvador se ha convertido en un arma para castigar la disidencia y sofocar el espacio cívico. Defender derechos humanos o protestar pacíficamente hoy puede costar la libertad”, señaló Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Prisioneros de conciencia
En julio de 2025, Amnistía Internacional declaró prisioneros de conciencia a Ruth López, Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez, encarcelados exclusivamente por su labor en defensa de los derechos humanos y por ejercer pacíficamente la libertad de expresión. Los tres casos muestran abusos procesales, como detención administrativa ampliada, prisión preventiva automática y procesos reservados sin garantías mínimas.
Cárceles como espacios de castigo
El informe también denunció las condiciones inhumanas en las cárceles salvadoreñas: hacinamiento, incomunicación prolongada, falta de atención médica y riesgo de tortura. Casos como el del abogado Enrique Anaya, con su salud deteriorada por la falta de acceso a una defensa técnica efectiva, y el de Fidel Zavala, vocero de UNIDECH, ilustran los riesgos que enfrentan las personas detenidas.
“La incomunicación prolongada y las condiciones inhumanas de detención son parte de una estrategia deliberada para infundir miedo y quebrar tanto a las personas detenidas como a las comunidades que representan”, subrayó Piquer.
Acciones internacionales
El 23 de septiembre de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Ruth López y Enrique Anaya, advirtiendo que sus vidas e integridad están en grave riesgo. El organismo exigió al Estado salvadoreño poner fin al aislamiento y garantizar condiciones de detención dignas.
Llamado urgente
Amnistía Internacional exigió la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas por ejercer pacíficamente sus derechos humanos. También pidió al Estado cumplir con las medidas de la CIDH y llamó a la comunidad internacional a intensificar el escrutinio sobre El Salvador, para frenar el uso indebido del sistema judicial como herramienta represiva.
