Por. – Benjamín Bojórquez Olea.
El riesgo de politizar la justicia…
El inicio de las campañas para elegir directamente a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación (PJF) marca un momento crítico para México. La renovación de881 cargos judiciales el 1 de junio plantea un dilema ineludible: ¿puede la legitimidad democrática coexistir con una justicia verdaderamente independiente?
Este modelo, raro a nivel mundial, enfrenta riesgos evidentes. La experiencia de EE. UU., donde algunas jurisdicciones eligen jueces, muestra cómo la politización y los intereses externos pueden erosionar la imparcialidad judicial. México ahora se aventura en un territorio donde la independencia judicial podría sucumbir al peso de la opinión pública y las presiones políticas.
Aunque el objetivo es acercar la justicia al pueblo, el diseño del proceso expone fallas estructurales. La prohibición de financiamiento público o privado, si bien pretende evitar influencias externas, limita gravemente la capacidad de los candidatos para hacer campaña. Esto favorece a quienes tienen recursos o redes de apoyo sólidas, creando un terreno desigual donde la meritocracia puede quedar relegada.
La falta de campañas masivas y la imposibilidad de utilizar medios tradicionales dejan al electorado desinformado y desinteresado. La plataforma“Conóceles” del INE es un intento valioso, pero insuficiente para despertar la participación ciudadana en un proceso complejo y poco familiar. Una baja participación pondría en duda la legitimidad de esta transformación judicial.
La candidatura de Loretta Ortiz Ahlf para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) añade otra capa de complejidad. Su trayectoria académica y su compromiso con la equidad la posicionan como una figura de continuidad. Sin embargo, su posible ascenso genera preguntas inquietantes: ¿podrá mantener la autonomía judicial en un entorno donde la elección directa amenaza con politizar la Corte?
El mayor peligro radica en que esta reforma derive en una justicia populista, donde los jueces sucumban a la presión popular en lugar de ceñirse al marco jurídico. La justicia no puede ser rehén de las mayorías ni convertirse en un campo de batalla político. Sin garantías sólidas para blindar la independencia judicial, los tribunales corren el riesgo de convertirse en arenas de pugna ideológica, erosionando la confianza pública en la justicia.
GOTITAS DE AGUA:
México está ante una encrucijada histórica. Democratizar la justicia es una apuesta audaz, pero si no se maneja con cautela, podría desmoronar los pilares que sostienen un estado de derecho sólido. La verdadera prueba no termina el 1 de junio. Ahí apenas comienza. “Si cierran la puerta, apaguen la luz”. “Nos vemos mañana”…
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