Ciudad de México.- El Partido Verde propuso la creación de unidades especializadas en ciberseguridad en cada Secretaría del Gobierno Federal. Estas unidades trabajarán en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones para blindar los datos, redes y programas del Estado mexicano ante amenazas digitales.
La iniciativa responde a recientes ciberataques en instituciones como la Lotería Nacional, Sedena, Conagua, Pemex y el SAT, que evidencian la necesidad de fortalecer la prevención y reacción frente a estos riesgos.
Alcance y objetivos de la propuesta
De acuerdo con las y los senadores del Partido Verde, las unidades de ciberseguridad tendrán como principales funciones la prevención de ataques, la protección de datos personales e información gubernamental, la contención de amenazas cibernéticas y la profesionalización de la gestión digital.
Datos que justifican la propuesta
Según FortiGuard Labs, en 2022 México registró más de 187 mil millones de intentos de ciberataques, ubicándose como el país más afectado en América Latina. Además, datos del INEGI indican que el 81.2 por ciento de la población de seis años o más usa internet y 97.2 millones de personas cuentan con teléfono celular, lo que obliga al Estado a garantizar la protección de sus datos en trámites y servicios.
Prevención y fortalecimiento institucional
La reforma presentada adiciona un párrafo al artículo 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se busca evitar que la falta de personal capacitado ponga en riesgo la información crítica de las instituciones.
Las unidades especializadas permitirán reducir costos por ataques, fortalecer la prevención y proteger los datos de la ciudadanía. También garantizarán la operación continua del gobierno y aumentarán la confianza institucional frente a amenazas cibernéticas cada vez más sofisticadas.
Conclusión
La iniciativa presentada por el Partido Verde apunta a modernizar la gestión digital del Estado mexicano. La propuesta busca blindar la información gubernamental, garantizar la seguridad de los datos y fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
