- El caso de la fallida compra de vacunas contra COVID-19 a una empresa fantasma en Singapur pondría nuevamente a Bolsonaro a un juicio político.
Por Angélica Rangel
Una factura sospechosa enviada al gobierno de Brasil por una empresa fantasma en Singapour para pagar la vacuna Covaxin se ha convertido en un señalamiento que puede llevar nuevamente al presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro a un nuevo intento de juicio político con fines de lucro.
Han sido tres senadores los que este lunes presentaron una demanda ante el Supremo Tribunal Federal para que se investigue si Bolsonaro cometió crimen de “prevaricación” al no denunciar sospechas de corrupción en la compra de vacunas contra la COVID-19.
Esta polémica llega en un momento sumamente frágil para Bolsonaro, a falta de un año y medio para las elecciones presidenciales, a las que pretende presentarse y que probablemente pierda ante el ex presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva.
¿Qué es el #CovaxinGate?
Es la investigación en torno a posibles fraudes en la negociación de la vacuna india contra la COVID-19 ha puesto todas las miradas sobre Bolsonaro, pues las supuestas irregularidades en el contrato de intención de compra de 20 millones de dosis de la vacuna Covaxin, desarrollada en el laboratorio indio Bharat Biotech ponen en duda al presidente brasileño.
La Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) fue instalada hace dos meses por el Senado para determinar las responsabilidades del gobierno en la gestión de la pandemia que ya se ha cobrado más de 500 mil vidas en Brasil.
“Hoy he registrado una demanda ante el Supremo Tribunal Federal debido a una grave denuncia de que el presidente de la República no tomó ninguna medida tras haber sido informado de un gigantesco esquema de corrupción existente en el Ministerio de Salud”, afirmó Randolfe Rodrigues en un video.
“La prevaricación es un crimen inscrito en el Código Penal. Por eso consideramos necesario que el Supremo Tribunal Federal (STF) y la Fiscalía General instauren un proceso de investigación”.
Una denuncia de ese tipo tiene el potencial de provocar la destitución de Bolsonaro (si es aprobada por la Fiscalía y votada en la Cámara), aunque los analistas consideran poco probable que el Fiscal General, Augusto Aras, quien es considerado un aliado de Bolsonaro, acepte formular cargos contra el mandatario de ultraderecha.
Entre las sospechas que saltaron a la luz la semana pasada está la sobrefacturación de la vacuna india Covaxin, del laboratorio Bharat Biotech, por la que se había firmado un contrato a precios más elevados que por cualquier otro inmunizante de los adquiridos hasta ahora por Brasil.
La factura de 45 millones de dólares, por tres millones de dosis, aterrizó el 18 de marzo en el escritorio de Luis Ricardo Miranda, jefe de importaciones médicas del Ministerio de Salud de Brasil, quien transmitió sus dudas a su hermano, el diputado bolsonarista Luis Miranda.
Los dos hermanos afirmaron ante la CPI el pasado viernes, que Bolsonaro los recibió personalmente el 20 de marzo en su residencia en Brasilia, y les aseguró que comunicaría esas sospechas a la Policía Federal, algo que aparentemente nunca hizo.
Bolsonaro negó este lunes cualquier irregularidad, asegurando que le resulta imposible saber “lo que ocurre en cada ministerio” y que confía en sus ministros.
“No tengo cómo saber lo que ocurre en los ministerios. Confío en mis ministros y no hemos hecho nada errado”, declaró ante simpatizantes.
