Tribunales militares, un freno a la justicia
Ciudad de México.- La Justicia Penal Militar continúa interviniendo en investigaciones por posibles violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos por miembros de la Fuerza Pública colombiana, pese a que leyes nacionales y estándares internacionales lo prohíben. Así lo denunció Amnistía Internacional en su más reciente informe.
La organización señala que esta práctica profundiza la impunidad y vulnera el derecho de las víctimas a acceder a una justicia independiente. “La intromisión de la Justicia Penal Militar no es un error técnico: es un obstáculo estructural”, advirtió Ana Piquer, directora para las Américas.
Una intervención que contradice la ley
El informe subraya la contradicción legal de que la Policía Nacional sea considerada un cuerpo civil, pero aun así sus integrantes sean investigados por jueces militares. Amnistía afirma que solo una reforma constitucional puede corregir esta anomalía.
Pese a dos décadas de reformas y sentencias de la Corte Constitucional, la justicia militar sigue asumiendo casos relacionados con delitos contra la vida y la integridad personal, bloqueando el avance de procesos que deberían corresponder exclusivamente a la justicia ordinaria.
Décadas de impunidad
La investigación revisa casos emblemáticos como las desapariciones forzadas de Luis Fernando Lalinde y Nydia Erika Bautista en los años 80, cuyas investigaciones permanecen en la impunidad tras décadas de intervención militar.
También analiza agresiones y homicidios cometidos presuntamente por policías en protestas recientes. Aunque la jurisprudencia ordena que estos casos se juzguen en la justicia ordinaria, fiscales y jueces siguen enviándolos indebidamente a la Justicia Penal Militar, retrasando o bloqueando su avance.
Un patrón sistemático
El informe estudió 398 conflictos de jurisdicción dirimidos por la Corte Constitucional entre 2021 y 2024, y concluye que reclamar justicia frente a violaciones cometidas por militares o policías implica enfrentar un sistema lleno de barreras institucionales.
Piquer reiteró que la competencia militar debe limitarse estrictamente a delitos cometidos por militares en servicio activo, sin incluir violaciones de derechos humanos ni a civiles.
Llamado urgente a una reforma
Amnistía Internacional pide al Estado colombiano:
- Excluir definitivamente a la Policía Nacional del ámbito de la Justicia Penal Militar.
- Asegurar por ley que la JPM no pueda intervenir en violaciones de derechos humanos ni crímenes de derecho internacional.
- Trasladar todos los casos abiertos en la justicia militar hacia la justicia ordinaria.
- Capacitar obligatoriamente a operadores de ambas jurisdicciones sobre estándares internacionales.
La organización subraya que sin estas reformas estructurales, las víctimas seguirán enfrentando un sistema que favorece la impunidad y limita gravemente el acceso a la verdad y a la justicia.
