Graciela Machuca Martínez
El famoso comunicado de la Presidencia de la República al llamado del Parlamento Europeo para que las autoridades mexicanas actúen para buscar el cese de la violencia contra periodistas, alentada desde la misma presidencia de la República con su retórica matutina, es una muestra que el futuro del gremio periodístico mexicano seguirá incierto, porque desde las altas esferas del poder se busca invisibilizar el problema por cuestiones de forma, pero se carece de la capacidad para reconocer que en el país han asesinado a varios periodistas en lo que va del año, eso es lo que importa que se reconozca en el contexto internacional que el Estado mexicano es incapaz de controlar no solo la violencia contra personas trabajadoras de medios de comunicación, sino las masacres que se viven a diario por todo el territorio nacional.
El lema de el Benemérito de las Américas, Benito Juárez García, que dice: “Entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz”, lo utilizó a la perfección el sistema político mexicano encabezado por décadas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), porque pregonaba ese lema juarista en su política internacional para que nadie se metiera en su territorio y ninguna mirada extranjera se fiscalizara las masacres, la represión contra movimientos sindicales a finales de la década de los años cincuenta, 1968, 1971, la llamada guerra sucia de la década de los setenta, así como la debacle económica y político-electoral de la década de los años ochenta.
Este principio juarista ha sido llevado a los organismo multilaterales como argumento para promover la paz, pero cuando los casos se individualizan país por país, es entonces cuando todos alegan su soberanía, porque prefieren la política de que la ropa sucia se lava en casa, como ha sucedido en el México reciente, porque solo la tenacidad de mujeres como Rosario Ibarra de Piedra desde los años setenta lograron visibilizar a nivel internacional el estado de represión que se vivía en México.
Recordemos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene una obligación global, así como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así como el Pacto Internacional de los Derechos Económicos. Sociales y Culturales, así la infinidad de tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por México.
Al presidente de la República y a su encargado de comunicación social en la Presidencia de la República les hace falta leer el Artículo Primero Constitucional en el párrafo que dice: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.
Los movimientos sociales en México han ido terminando su vida útil después de muchos años de lucha, encarcelamientos, asesinatos, desprestigio por parte del gobierno y porque en todo momento se han topado con la regides del sistema de justicia, a la impunidad, a la corrupción.
El único camino que han tenido para visibilizar sus demandas son los foros internacionales, se llamen como se llamen, vinculatorios para México o no, es parte del llamado litigio estratégico en busca de justicia en otras latitudes, porque en México no la han encontrado.
Casos como Campo Algodonero y muchos otros que han llegado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y después a la Corte Interamericana de Derechos Humanos habían sido tratados con desprecio e indolencia por las instituciones mexicanas, solo la vía internacional abrió la puerta para buscar justicia para las víctimas.
Desde la Secretaría de Relaciones Exteriores le deben informar al presidente de México que el país ha firmado una serie de acuerdos diplomáticos con la Unión Europea y con base en esos acuerdos, el Parlamento Europeo puede opinar sobre asuntos que ponen en riesgo sus intereses en el país, como es la violencia generalizada en México, específicamente la que afecta a personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Quizás el órgano legislativo de la Unión Europea se “extralimitó”, porque no ha querido, desde hace muchos años invocar la cláusula democrática que existe en el llamado “Acuerdo Global” Unión Europea México, que le han pedido en repetidas ocasiones las organismos civiles mexicanos e internacionales, pero los tiempos van cambiando y recordemos que el llamado de atención a México fue promovido por diputados españoles, luego que el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador planteó una pausa en las relaciones bilaterales.
Sin duda, ese comunicado no debió escribirse sobre las piernas del presidente, sino por expertos de la Secretaría de Relaciones Exteriores que conocen la historia de los acuerdos bilaterales, porque han dedicado su vida a la diplomacia.
Ese documento fue escrito con tal desinformación que a la pluma del presidente no llegó la información que el día 8 de marzo, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, participó en la 49ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, la cual se realizó en Ginebra, Suiza.
En su discurso, la expresidenta de Chile, mencionó lo siguiente en relación con la situación de las personas que ejercen el periodismo en México y los niveles alarmantes de violencia a los que se enfrentan las personas que trabajan en los medios de comunicación:
“El libre ejercicio del periodismo es fundamental para toda democracia sana. Pero en numerosos países, los trabajadores de los medios se enfrentan a niveles alarmantes de violencia, incluidos asesinatos, a menudo en impunidad.”
“En México, documentamos el asesinato de cuatro periodistas y un trabajador de los medios tan solo en los primeros dos meses de este año, y dos casos adicionales están aún en proceso de verificación. En 2021, ocho periodistas y dos guardias de un medio de comunicación fueron asesinados y otros dos periodistas desaparecidos. Los reporteros que trabajan sobre política local, corrupción y crimen enfrentan mayores riesgos de ataques. Desafortunadamente, en ocasiones funcionarios han contribuido al clima de miedo en el que trabajan al denigrar a los periodistas y la relevancia de su trabajo de investigación.”
“Hago un llamado a todos los gobiernos para que fortalezcan la protección de los periodistas, así como la rendición de cuentas por los delitos contra ellos. El trabajo legítimo de los periodistas merece fomento, protección y seguimiento, no censura y estigmatización.”
La Alta Comisionada también hizo referencia a otros países de Latinoamérica, entre ellos El Salvador y Haití. Hasta aquí la versión de la oficina en México del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las ONU.
Se puede poner en duda si el Parlamento Europeo tiene derecho a hablar sobre la violencia contra periodistas en México, pero lo que no está a discusión que la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU tiene la obligación de hablar del tema.
La resolución del Parlamento Europeo sobre la violencia contra periodistas mexicanos no solo se puede ver con el enfoque derechohumanista europeo, sino que se genera en medio de un intento por concluir el proceso de ratificación de la modernización del Acuerdo Global entre la Unión Europea y México, cuyos trabajos técnicos terminaron en 2020, pero hasta el momento no ha sido ratificado por el Senado Mexicano ni por la Eurocámara.
Cuando en un foro internacional se toca un asunto de las víctimas de la violencia en México, a las familias y a las víctimas sobrevivientes no les interesan los motivos políticos que llevaron a esa visibilización, lo que quieren es que los casos, las historias de impunidad, corrupción y falta de justicia se sigan conociendo y que sepa el mundo que en México no se hace nada, o por lo menos lo suficiente para hacerles justicia a las víctimas de la violencia que el Estado ha sido incapaz de controlar.
