Toluca, Méx.- Con el objetivo de combatir el creciente número de denuncias por delito de despojo en el Estado de México, la diputada Ruth Salinas Reyes, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC), propuso aumentar las penas hasta 25 años de prisión, especialmente en casos que afecten a grupos en situación de vulnerabilidad o cuando el delito sea cometido por servidores públicos.
Más de 6 mil denuncias en poco más de un año
De enero de 2024 a marzo de 2025, se han registrado 6 mil 228 denuncias por despojo, lo que equivale a 14 casos diarios. Ante esta preocupante cifra, la legisladora plantea una reforma al Código Penal estatal que incluya:
- Hasta 25 años de prisión y 500 días multa si el despojo afecta a:
- Inmuebles privados destinados a la vivienda o producción agrícola.
- Personas adultas mayores, mujeres, pueblos indígenas o personas en condición de vulnerabilidad.
- Casos donde participen servidores públicos o se cometa el delito en grupo.
Enfoque con perspectiva de género e interseccional
La propuesta también contempla que los procesos judiciales por este delito sean abordados con una perspectiva de género e interseccional, aplicando medidas de protección amplias para las víctimas vulnerables, conforme a los protocolos y leyes vigentes.
Triplican la pena máxima actual
Actualmente, el delito de despojo se castiga con penas de uno a cinco años de prisión y de 30 a 125 días multa. Con la reforma, se propone elevar estas penas a seis a 15 años de prisión y de 300 a 500 días multa, con agravantes que podrían llevar hasta los 25 años.
Protección para áreas naturales
Otra de las modificaciones destacadas es la protección de predios ubicados en áreas naturales protegidas —como parques estatales y zonas de conservación ambiental—, en cuyo caso se contemplan penas de hasta 20 años de prisión y 500 días multa.
Morena pide detallar la propuesta
Durante la sesión, el diputado Octavio Martínez Vargas, del grupo parlamentario de Morena, solicitó a la legisladora Ruth Salinas mayor detalle sobre la propuesta de modificación, con el fin de revisar a profundidad sus implicaciones jurídicas.
Con esta iniciativa, el Congreso mexiquense da un paso firme hacia el fortalecimiento del derecho a la propiedad, la protección de los sectores más vulnerables y el combate efectivo a uno de los delitos patrimoniales con mayor incidencia en la entidad.
