Toluca, Méx.- El Grupo Parlamentario de Morena presentó una iniciativa para reformar la Constitución local en busca de suspender derechos para ocupar cargos de elección popular, empleos o comisión de servicio público a quien ejerza violencia contra mujeres y por ser deudores alimentarios.
La propuesta presentada por las y los diputados Azucena Cisneros Coss, Anais Miriam Burgos Hernández, LuzMa Hernández Bermúdez, Raúl Ponce Elizalde, Camilo Murillo Zavala y Faustino de la Cruz precisa que la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) de 2016, reveló que el 66.1 por ciento de las mujeres mayores de 15 años en México, han experimentado al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida, ya sea de manera física, sexual, emocional o económica, y en la mayoría de los casos, este ha sido perpetuado por su pareja o ex pareja.
Y en Edomex, de acuerdo el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2022, se iniciaron 2,685 carpetas de investigación por “Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar” y 3,003 en materia de “Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar”; asimismo, y hasta mayo del 2023 hay 1,050 carpetas de investigación iniciadas para el primer caso y 1,264 para el segundo.
“Tal ha sido la normalización de dichas conductas, que la ciudadanía ha sido testigo de cómo servidores públicos electos y/o con cargos de representación popular, han incurrido en estas prácticas o hasta en ilícitos”, afirmó Raúl Ponce.
Como consecuencia de lo anterior, precisó, han surgido protestas y movimientos liderados por colectivas feministas que buscan evitar que violentadores de mujeres accedan a cargos públicos, ante la impunidad y falta de justicia en estos casos como el Movimiento #MeToo, Las Brujas del Mar, Movimiento “Ni Una Menos” y “Vivas nos Queremos y la Iniciativa “Sin Voto No Hay Acuerdo”.
Ponce Elizalde aseguró que la medida conocida como ‘3 de 3 contra la violencia’, a nivel federal no generaba ningún efecto jurídico ni obligación alguna por parte de quien aspira a ser candidato, al mostrar la evidencia de no estar incumpliendo ninguno de los supuestos mencionados, con un escrito firmado bajo protesta de decir verdad.
A nivel federal, el 25 de mayo de 2023, se aprobaron reformas para elevar a rango constitucional la medida ‘3 de 3 contra la violencia’ y establecerla como requisito para el registro de candidatas o candidatos a cargos de elección popular, o ser nombrado para cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público, y otorgar certeza a las víctimas de violencia de género sobre la no elegibilidad de sus agresores.
En este sentido, se establece un plazo de 180 días para que las Legislaturas locales ajusten sus constituciones y la demás legislación secundaria que sea necesaria, a fin de dar cumplimiento a lo establecido por este, por ello la LXI Legislatura del Estado de México tiene el mandato de homologar el contenido de su Constitución particular con las reformas aprobadas a los artículos 38 y 102 de la Carta Magna.
La propuesta modifica la Constitución local establezca la suspensión de derechos y prerrogativas de ciudadanas y ciudadanos, a quienes tengan sentencia por la comisión de delitos contra la familia y violencia de género en todas sus modalidades, así como personas deudoras alimentarias morosas, quienes no podrán ser registrados como candidatos para cualquier cargo de elección popular, ni nombrados para empleo, cargo o comisión en el servicio público estatal o municipal.
