Toluca.- Por unanimidad, la LXII Legislatura del Estado de México aprobó la derogación del delito de ultrajes en el Código Penal estatal. Esta medida busca garantizar la libertad de expresión y evitar la criminalización de la crítica hacia las personas servidoras públicas.
Modificación al Código Penal
El dictamen aprobado reunió iniciativas presentadas por la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. La reforma deroga el Capítulo VI, del Subtítulo Segundo, del Título Primero, y los artículos 126 y 127 del Código Penal del Estado de México.
El delito de ultrajes se definía como cualquier expresión, directa o indirecta, o acción ejecutada contra una persona servidora pública o una institución pública que pudiera implicar ofensa o desprecio. Las sanciones incluían hasta dos años de prisión por ultrajes contra instituciones y hasta un año por ultrajes a servidores públicos.
Impacto en la libertad de expresión
La derogación elimina penalizaciones que podían afectar el ejercicio de la libertad de expresión. Se consideró que el delito de ultrajes era una figura anacrónica y contraria a las normas constitucionales y tratados internacionales en materia de derechos humanos.
La reforma responde a la necesidad de ajustar el marco jurídico estatal, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que leyes penales no deben usarse para limitar críticas ciudadanas hacia autoridades.
Postura de legisladores
Durante la sesión, la diputada Emma Laura Álvarez Villavicencio (PAN) leyó el dictamen y destacó la importancia de proteger el derecho a la crítica y el escrutinio público.
El diputado Jorge Jiménez Martínez (MC) recordó que desde la LXI Legislatura su bancada presentó una reforma similar a través del legislador Martín Zepeda Hernández. Resaltó que la derogación responde a la resolución de la Suprema Corte, que declaró inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad.
Adecuación legal y derechos ciudadanos
Con esta decisión, el Congreso mexiquense refuerza la protección de los derechos fundamentales y garantiza que la legislación estatal se ajuste a principios constitucionales y democráticos. La eliminación del delito de ultrajes asegura que la libertad de expresión no esté sujeta a restricciones desproporcionadas en la entidad.
