Por Veneranda Mendoza.
Toluca, Méx.- Aprobó la Legislatura del Estado de México, con siete votos de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) en contra, la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, con lo que se convierte en la décimo octava entidad en avalar la norma; sin embargo, la determinación aún no incluye la obligatoriedad del Estado para brindar la atención sanitaria gratuita en estos casos.
La iniciativa, avalada con 56 votos, se encontraba rezagada desde hace al menos cinco Legislaturas (15 años), fue votada de urgente y obvia resolución (sin pasar a comisiones para dictamen), en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
La reforma, en la que se abstuvieron los priistas María Mercedes Colín, Alejandro Castro, Eduardo Zarzosa y Leticia Mejía, implica que después de las 12 semanas de gestación la interrupción del embarazo aún sea un delito, de manera que se sancione con entre seis meses y un año de prisión; o de cinco a 10 años de cárcel y de 50 a 400 días multa cuando ocurra sin el consentimiento de la mujer o se cometa con violencia.
La pena aumentará en una mitad si la interrupción del embarazo es provocada por personal médico, de enfermería o partería, se acompañará con la suspensión de tres a seis años en el ejercicio de la profesión, y la suspensión llegará a 20 años en caso de reincidencia.
Por el contrario, no será punible la muerte del producto después de las 12 semanas de gestación cuando sea resultado de una acción culposa de la mujer o la persona gestante, de una violación, inseminación artificial no consentida, exista riesgo de muerte de la mujer o afectación a su salud física o mental, por malformación genética o congénita del producto; por amenaza, ocultamiento o privación de la libertad de la persona gestante; o por trastorno ginecológico que impidiera detectar el embarazo a tiempo.
Los legisladores panistas se pronunciaron por mejor apostar a la prevención; en su participación, el diputado Anuar Azar aseguró que el derecho a la vida, desde la concepción, es el primero tutelado por el derecho internacional del que forma parte México; dijo que el aborto no debe ser un mecanismo de control natal.
Aseguró que en la Ciudad de México la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) es un fracaso porque no redujo la mortalidad materna, ni la deserción escolar adolescente, ni del aborto clandestino, y tampoco hay mejora en la vida de las mujeres.
Con la despenalización del aborto, prosiguió, el Estado evade su responsabilidad de implementar políticas públicas para mejorar las condiciones de vida de las mujeres, de manera que lo mejor sería la protección de las gestantes.
Calificó como falso que se criminalice el aborto en el país, pues son hombres 110 de las 116 personas presas por esa causal, al provocar, con violencia, la muerte del producto; el resto de las procesadas por esa razón, indicó, son mujeres, pero su conducta ha sido reclasificada como infanticidio u homicidio, pues existe evidencia de una muerte intencional después del alumbramiento. “Es falso que las mujeres son sistemáticamente encarceladas por abortar, no hay ninguna”, dijo.
Además, afirmó, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza una contradicción de tesis para determinar si los estados incurren en omisión o responsabilidad al no adaptar sus normas en materia de aborto.
Finalmente, Azar Figueroa retó a las promoventes de la despenalización a impulsar, con la misma energía, la asignación de una partida presupuestal para que la ILE aplique de manera gratuita, pues, de lo contrario, serán particulares quienes la capitalicen.
Por su parte, las morenistas Zaira Cedillo y Selina Trujillo, la independiente Paola Jiménez, la perredista Araceli Casasola, la emecista Ruth Salinas, la petista Ana Yurixi Leyva y la ecologista Vanessa Linares coincidieron en que despenalizar el aborto es sólo el primer paso para hacer efectivo el derecho de las mujeres a decidir sobre su sexualidad y cuerpos, pues aún falta modificar las normas relacionadas para obligar la implementación de medidas preventivas, asignar presupuestos públicos para que accedan a la ILE de manera gratuita, y garantizar acompañamiento psicológico.
