Primero Editores / Ingrid Ahumada
Toluca, México.- Los diputados morenistas en la Legislatura local buscan prohibir la comercialización de productos y bienes, provenientes de hechos ilícitos, en vías y plazas públicas, así como en mercados o tianguis y sancionar con hasta 7 años de prisión a quien lo realice.
La morenista Liliana Gollás Trejo, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal estatal y la Ley de Seguridad del Estado de México, tras indicar que la entidad estatal es la que tiene más delitos del país, y tan solo en los dos primeros meses del año, se registraron 59 mil 244 carpetas de investigación, lo que significa 8 mil 532 más que en 2019.
Respecto al robo, durante enero y febrero, precisó que se registraron 24 mil 883 casos, que son el 20 por ciento de los ocurridos a nivel nacional, principalmente en casa habitación, vía pública y en el transporte público.
“Estas cifras reflejan un grave aumento de los delitos cometidos en la entidad, lo que sin lugar a duda, debe encender focos rojos a las autoridades locales para iniciar con propuestas encaminadas a la reducción de niveles de criminalidad”.
Abundó que uno de los bienes con mayor mercado de comercialización son los teléfonos celulares, que también se han convertido en un instrumento para la extorsión, secuestro, robo de personalidad y de cuentas electrónicas.
En este sentido explicó que, el Código Penal Federal en su artículo 381, establece 17 características de agravamiento de la penalidad en la comisión del delito de robo, que implican a la persona que lo comete, el lugar donde se ejecuta y las características del delito, pero no las cosas, objetos o bienes que se robaron.
Por ello, dijo que es urgente legislar en la prevención de todos los robos de objetos que tienen un mercado donde se puedan colocar, y que autoridades estatales y municipales tomen medidas para detener la venta de bienes producto de robos.
Objetivo de la iniciativa
Explicó que la iniciativa propone que se determine como agravante la comercialización en general de bienes u objetos producto de robos. La reforma al artículo 290 del código penal plantea que cuando se acepte, adquiera, venda, trafique, comercialice, traslade u oculte objetos, bienes y productos provenientes de hechos ilícitos, en vías públicas, mercados, se impondrán de 3 a 7 años de prisión y de uno a tres veces el valor de lo robado, sin que exceda mil días de multa.
Y plantea reformas a la Ley de Seguridad del Estado de México, para añadir como atribución a los municipios en materia de seguridad pública, prohibir en puestos fijos, semifijos o comercios ambulantes y locales ubicados en vías, plazas públicas, mercados públicos municipales, áreas de uso común y áreas públicas destinadas para actividades comerciales o de servicios, la venta y comercialización de objetos, bienes, productos, instrumentos o sus partes, provenientes de hechos ilícitos, debiendo dar aviso a la autoridad competente.
Asimismo, sanciona con penas de 1 a 3 años de prisión, al servidor público que sabiendo de la comercialización de objetos, bienes, productos, instrumentos o sus partes, provenientes de hechos ilícitos, en vías y plazas públicas, mercados públicos municipales o áreas de uso común para realizar actividades comerciales o de servicios, no lo haga del conocimiento del Ministerio Público.
Finalmente, indicó que si el delito fuera cometido por servidores públicos de la administración y procuración de justicia, así como de la policía pública o privada, se aumentará la pena hasta en una mitad más de la que le corresponda.
