Las comisiones unidas de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y de Atención de Grupos Vulnerables del Congreso del Estado de México aprobaron por unanimidad la iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. La propuesta establece que las universidades y tecnológicos de estudios superiores de control estatal, así como las escuelas normales públicas, deberán destinar al menos el 10 por ciento de su matrícula a personas en situación de vulnerabilidad.
Universidades estatales garantizarán acceso a grupos vulnerables
El dictamen de la iniciativa plantea que los espacios asignados beneficiarán a mujeres con discapacidad, personas migrantes o pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas. La medida busca garantizar sus derechos educativos y la continuidad de su formación profesional.
Al encabezar la reunión, el diputado Israel Espíndola López, de Morena, destacó que la equidad y la justicia respaldan esta propuesta. Señaló que la iniciativa contribuirá a transformar el acceso a la educación superior y a reducir desigualdades estructurales.
Diputados respaldan la inclusión educativa
La diputada Itzel Daniela Ballesteros Lule, también de Morena, calificó la acción como un avance en la construcción de un futuro más equitativo. En la misma línea, el legislador Esteban Juárez Hernández expresó que la medida reafirma el compromiso de su bancada con la inclusión, la justicia social y los derechos humanos.
El diputado Rigoberto Vargas Cervantes reconoció el trabajo conjunto de ambas comisiones. Por su parte, la legisladora Leticia Mejía García, del PRI, indicó que la reforma ayudará a reducir las brechas de desigualdad para la población indígena. Maricela Beltrán Sánchez, de Movimiento Ciudadano, resaltó que el 10 por ciento de la cuota obligatoria supera el 5 por ciento comprometido por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX) en su reciente convocatoria de ingreso 2025.
Implementación y lineamientos del decreto
El documento establece que la reforma responde al desafío de mejorar la inclusión educativa en el estado. También confirma el compromiso con la justicia social, la perspectiva de género y la interculturalidad.
El artículo tercero transitorio de la iniciativa menciona que la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la entidad tendrá un plazo máximo de 90 días, a partir de la publicación del decreto, para emitir los lineamientos necesarios para su correcta aplicación.
