Legisladores aprueban reforma para evitar criminalizar la crítica a funcionarios públicos
Toluca, Méx.- En un paso clave para la democracia y los derechos humanos, la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la LXII Legislatura mexiquense aprobó la eliminación del delito de ultraje del Código Penal estatal. Esta reforma, impulsada por la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, busca evitar que se restrinja de manera desproporcionada la libertad de expresión y la crítica hacia servidores públicos.
Durante la sesión, la diputada Emma Laura Álvarez Villavicencio (PAN) destacó que esta medida fortalece la democracia y protege el derecho ciudadano a la libre expresión. Por su parte, el legislador Vladimir Hernández Villegas (Morena) subrayó que esta decisión es un avance en la preservación de los derechos humanos y el respeto a las garantías constitucionales.
¿Por qué se eliminó el delito de ultraje?
Según el dictamen aprobado, el delito de ultraje era contrario a la Constitución y a tratados internacionales suscritos por México, al sancionar con prisión y multas a quienes emitieran expresiones consideradas ofensivas hacia funcionarios públicos o instituciones.
Con esta reforma, se deroga el Capítulo VI, del Subtítulo Segundo, del Título Primero, y los artículos 126 y 127 del Código Penal del Estado de México, eliminando así la posibilidad de castigar a ciudadanos por manifestar su opinión sobre el actuar de autoridades estatales o municipales.
Un avance para la democracia
Legisladores coincidieron en que la derogación de esta figura penal no solo protege el derecho a la libre expresión, sino que también fortalece los principios democráticos y alinea la legislación local con los compromisos internacionales de México en materia de derechos humanos.
Con este dictamen, se sienta un precedente para evitar el uso de leyes que limiten la crítica social y garantizar que ningún ciudadano sea castigado por expresar sus opiniones sobre el desempeño gubernamental.
📌 La reforma será turnada al pleno del Congreso para su aprobación definitiva.
