Toluca, Méx.- En un ejercicio de acercamiento institucional y de diálogo abierto, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) organizó el “Encuentro con Entidades Fiscalizables Municipales”, a la que acudieron alcaldes, así como titulares de Órganos Internos de Control (OIC), de los Sistemas DIF y de los organismos descentralizado municipales.
La Auditora Superior, Miroslava Carrillo Martínez expuso que la intención es mostrarles los alcances de la fiscalización superior y que conozcan de voz de las y los auditores especiales y de las personas titulares de las unidades, cuáles y en qué consisten sus actos de autoridad.
Con este encuentro, agregó, el OSFEM parte de la convicción de que más vale prevenir, “y en esta arquitectura institucional, queremos coadyuvar en las cuentas claras y tener mejores gobiernos”.
Afirmó que desde que está al frente de la institución, de manera reiterada “cada año son las mismas observaciones y debemos atender esta circunstancia; si ya tenemos experiencia, resolvamos el error”.
En su momento, la Auditora Especial de Revisión de la Información de las Entidades Fiscalizables, Gloria Leticia Nolasco Vázquez, pidió saber diferenciar la revisión de la auditoría; la primera está a su cargo e involucra aquello referente al Presupuesto Municipal, los Informes Trimestrales y la Cuenta Pública de 429 entidades municipales, las cuales han encontrado en la Plataforma Digital del OSFEM un camino más ágil y seguro para hacer sus envíos.
Hizo hincapié en las incidencias halladas: errores en la nomenclatura de archivos, formatos mal requisitados, archivos con características no solicitadas, errores en el periodo del mes o trimestre solicitado o en el firmado electrónico. Coincidió con el Auditor Especial de Desempeño y Legalidad, Javier López Pérez, en que tampoco atienden el tema de subir la información que es de carácter obligatorio y público, como el programa de adquisiciones.
Jaime Enrique Perdigón Nieto, auditor especial de Cumplimiento Financiero e Inversión Física resaltó que la Cuenta Pública es la base para realizar las auditorías, así como los requerimientos de información.
En cumplimiento financiero las observaciones recurrentes, indicó, son por el uso y destino de bienes adquiridos, procedimientos adquisitivos, y que se superan montos para las adquisiciones.
En Inversión Física son la simulación en ejecución de los trabajos, pago con recursos diferentes a los autorizados, incumplimiento en la normatividad, adjudicación y contratación indebida, así como obra pagada y no ejecutada.
Javier López Pérez, auditor especial de Desempeño y Legalidad, mencionó que en materia de desempeño han encontrado en las entidades fiscalizables documentos de ambiente de control inexistentes o no actualizados, procesos de planeación carentes de diagnóstico, planeación y programación sin alineación y capacitación nula o insuficiente de las personas servidoras públicas.
“Si no podemos generar evaluación, no podemos supervisar e identificar que el trabajo hecho o la ejecución del programa presupuestario tuvo el impacto que se esperaba o se determinó”, indicó, mientras que en materia de legalidad se han topado con procedimientos adquisitivos sin estudio de mercado, programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios no publicados en Compramex.
Luis Sierra Villa, titular de la Unidad de Seguimiento, refirió que para dar un panorama de cómo atienden las entidades fiscalizadas sus observaciones, 71 por ciento de las correspondientes a la Cuenta Pública 2020 no las solventaron, en 2021 subieron a 82 por ciento, y pasaron al área de investigación.
La etapa de aclaración “es el momento preciso para aportar información o aclarar una presunta irregularidad”; asimismo, mencionó que esta área aplica el procedimiento más nuevo para dar seguimiento a las observaciones de la cuenta pública, que se enfoca a la labor de los OIC.
Hugo Armando Pérez Albarrán, titular de la Unidad de Investigación, mencionó que solo son competentes para faltas administrativas graves; refirió que el año pasado impusieron 45 multas por incumplimiento en la entrega de información, abrieron 52 Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa Sancionadora (IPRAS) que involucran a 130 servidores públicos y 16 particulares, pero será el Tribunal de Justicia Administrativa el que imponga la sanción.
Simón Reyes Ramos, titular de la Unidad de Asunto Jurídicos, exhortó a las entidades a dar continuidad a sus expedientes y dijo que, aunque el tema resarcitorio cambió a partir de 2017, el OSFEM está obligado a seguir con sus consecuencias de ejercicios anteriores.
Finalmente, Ulises Iván Lovera Villegas, de la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación, habló de los beneficios de la Plataforma Digital del OSFEM ya que su propósito es automatizar y eficientar los actos de la fiscalización superior; reducir los tiempos de atención; procurar un ejercicio racional y austero de los recursos públicos; tener una comunicación bidireccional, así como ayudar en el fortalecimiento de los sistemas anticorrupción y fiscalización superior.
Recordó a las autoridades municipales que, una vez concluido su encargo, deberán atender un procedimiento para revocar la Firma Electrónica.
