Congreso endurece castigo tras caso de abuelita Carlota
Toluca, Méx.— En un paso histórico para frenar los abusos de poder y proteger el patrimonio de las familias mexiquenses, el Congreso del Estado de México aprobó una reforma al Código Penal que eleva hasta 25 años y seis meses de prisión la pena por el delito de despojo, incluyendo multas de hasta 1,500 días de salario mínimo.
La nueva legislación fue impulsada por los diputados Octavio Martínez Vargas y José Miguel Gutiérrez Morales, ambos de Morena, así como por la bancada de Movimiento Ciudadano, y busca frenar la intervención dolosa de autoridades municipales y estatales en casos de invasión ilegal de viviendas, como el de Carlota “N.”, una mujer de 74 años que enfrentó un drama legal por defender su hogar en Chalco.
👩⚖️ ¿Qué castiga esta reforma?
Las nuevas sanciones aplican si el despojo se comete con:
- Violencia física o moral, forzado de cerraduras o ventanas.
- Uso de documentos falsos, suplantación de identidad o contratos ilegales.
- Participación dolosa de notarios o servidores públicos.
- Despojo a personas en situación vulnerable: adultos mayores, menores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad o de pueblos originarios.
- Intento de lucrar o cometer el acto durante mecanismos alternos de resolución de conflictos.
🌿 También protege áreas naturales y uso del agua
El delito se configura incluso en predios decretados como áreas naturales protegidas y cuando se desvíen aguas o se ejerzan derechos sin titularidad legal, con penas que van de 7 a 12 años de prisión y multas económicas significativas.
Además, se redefine el despojo como la acción de impedir materialmente el disfrute de un inmueble ajeno, aun si hay disputa sobre la posesión.
🔍 Crimen organizado, en la mira
Durante la discusión, legisladores como Selina Trujillo y Vladimir Hernández Villegas alertaron que el crimen organizado está detrás de muchas ocupaciones ilegales y exigieron revisar el papel de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para garantizar que estas reformas no se queden en el papel.
El caso de Doña Carlota, quien intentó recuperar su propiedad y terminó procesada por homicidio tras enfrentar a invasores, se convirtió en símbolo del abandono legal que muchas personas mayores sufren al no recibir protección institucional.
