Ley de austeridad en Edoméx

Primero Editores / Ingrid Ahumada M.
Toluca, México.- El grupo parlamentario de Morena presentó en el pleno de la Legislatura local, la iniciativa de Ley de Austeridad Republicana del Estado de México, la cual -al igual que el resto del país- busca reducir la opulencia de la burocracia mexiquense.

La iniciativa fue presentada por la diputada morenista Azucena Cisneros Coss, quien explicó que está busca reformar diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.

“La iniciativa propone establecer como principio de actuación del gobierno a la austeridad republicana como un referente obligatorio que oriente la operación de las dependencias, entidades, tribunales de justicia y órganos autónomos del gobierno estatal a fin de que estos pongan en práctica medidas que mejoren el gasto público y hagan efectivo el control y la rendición de cuentas de las y los servidores públicos”, argumentó ante el pleno.

Añadió que la propuesta regula la realización de adquisiciones, la contratación de obras públicas, el establecimiento de límites a las percepciones, obligaciones de transparencia y la sanción por la comisión de faltas administrativas.

Como mecanismo de evaluación, se considera al Comité de Evaluación integrado por representantes de la Secretarías de Finanzas y de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, por el Órgano Superior de Fiscalización y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México.

Además, cada año deberá rendirse un informe anual sobre las medidas de austeridad y el destino de los recursos ahorrados.

Asimismo, el incumplimiento de estas medidas de austeridad será observado por los órganos internos de control y sancionado, además considera como faltas administrativas de carácter grave las conductas relativas al nepotismo y la simulación de acto jurídico.

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También estipula que los servidores públicos de mando superior que se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos 10 años.

También, la Ley pone freno a incrementos en conceptos como telefonía celular, fotocopiado, combustible, arrendamientos, viáticos, gastos de alimentación, adquisición de mobiliario, remodelación de oficinas, bienes informáticos, papelería, asistencia a congresos, convenciones y exposiciones.

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