Al proponer el diputado perredista Omar Ortega Álvarez la Ley de Salud Mental del Estado de México, es con el propósito de garantizar el acceso a los servicios de salud mental a toda la población; a la vez se busca establecer los mecanismos adecuados para la promoción, prevención, evaluación, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, reintegración, fomento y otras acciones en favor de la salud mental que deban llevar a cabo instituciones de salud pública y personas físicas o morales de los sectores social y privado, así como definir los mecanismos y lineamientos para promover la participación de la población en el desarrollo y la ejecución de los programas emitidos por la Secretaría de Salud del Estado en esta materia.
También pretende crear el Centro de Investigación e Información en Salud Mental y el Comité Técnico de Salud Mental del Estado de México, los cuales generen programas y políticas públicas para mejorar las condiciones de este sector.
El legislador enfatizó en que la protección de la salud mental es un derecho humano fundamental, consagrado por la Constitución Política estatal y la Ley General de Salud, y advirtió que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ubica, entre las 10 enfermedades más frecuentes y de alto costo, al menos cuatro de tipo mental: epilepsia, depresión, alcoholismo y trastorno bipolar. En concreto, la depresión es la cuarta entre las enfermedades incapacitantes, y se estima que para el año 2020 será la segunda.
En esta ley se define a la salud mental como “un estado de bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos, conductuales y, en última instancia, al despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación”.
El proyecto establece que toda persona que habite o transite en el Estado de México tiene derecho a la salud mental, independientemente de su edad, género, condición social, condiciones de salud, condición fisiológica, ideológica, creencia, religión, origen, identidad étnica, orientación sexual o estatus político.
Asimismo, asienta que el gobierno, las dependencias e instituciones públicas, sociales y privadas deben garantizar el pleno cumplimiento del derecho a la salud mental atendiendo al derecho de prioridad, al interés superior de la niñez, la igualdad sustantiva y la no discriminación, así como establecer acciones afirmativas a favor de niñas, niños y adolescentes.
La propuesta indica que la creación de una Ley Estatal de Salud Mental permitirá reorientar los esfuerzos para aumentar la calidad en la prestación de los servicios, el incremento en la cobertura, la protección a los derechos humanos y a recibir tratamiento, la integración de las personas con trastornos mentales en comunidad y la promoción de la salud mental en la sociedad.
