La corrupción y la falta de transparencia persisten en el Estado de México, afirmaron morena, PT, PAN, PES, PRD y PVEM en la 60 Legislatura mexiquense, en tanto que el PRI reconoció el esfuerzo realizado por la Secretaría de la Contraloría del gobierno estatal para fortalecer la cultura de la rendición de cuentas, y el grupo de legisladores sin partido resaltó la importancia de esta dependencia por su tarea de supervisión de la aplicación de los recursos públicos.
Esto ocurrió durante la comparecencia del secretario de la Contraloría, Javier Vargas Zempoaltécatl, ante la Comisión de Participación Ciudadana, que preside la diputada María Lorena Marín Moreno, en ocasión del segundo informe del gobernador Alfredo del Mazo Maza.
Por parte del Grupo Parlamentario de morena, la diputada María de Jesús Galicia Ramos destacó en sus cuestionamientos al funcionario estatal que las principales irregularidades detectadas por la ASF en la entidad se refieren a recursos transferidos a cuentas distintas de aquellas en las que debían colocarse o que se utilizaron para la elaboración de obras inexistentes o incompletas.
De igual manera, afirmó, gran parte de esos recursos fueron destinados a rubros no afines a aquellos para los que estaban etiquetados.
Ante ello preguntó cuánto le cuesta al Estado de México la corrupción; cuántos y cuáles son los procedimientos instaurados por la secretaría para combatirla y las sanciones para los servidores públicos que han incurrido en actos de esta naturaleza.
Solicitó además que la dependencia informe a la Legislatura los resultados de sus acciones a partir de la puesta en marcha del Sistema Estatal Anticorrupción.
De la misma bancada, la legisladora Anaís Miriam Burgos Hernández señaló la falta de transparencia en el portal de internet de las declaraciones patrimoniales de los sujetos obligados, ya que solo están actualizadas hasta 2018, y cuestionó sobre las sanciones para los funcionarios que no
responden adecuadamente a las solicitudes ciudadanas.
La legisladora Lilia Urbina Salazar dijo que el Grupo Parlamentario del PRI reconoce el esfuerzo que realiza la Contraloría para consolidar esquemas que promuevan la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, tal y como lo señala el Plan de Desarrollo del Estado de México, donde se establece tolerancia cero a los actos de corrupción.
En este sentido, preguntó por las acciones de la dependencia para profesionalizar a sus servidores públicos y por los resultados en materia de combate a la corrupción.
El coordinador parlamentario del PT, Armando Bautista Gómez, dijo que es del dominio público que se pueden realizar actos de corrupción y no pasa nada. “Difícilmente el ciudadano cree que levantando una denuncia va a tener respuesta de la autoridad. Por eso tenemos que establecer mecanismos que brinden confianza al ciudadano”.
Su compañero de partido Luis Antonio Guadarrama Sánchez dijo al secretario que su informe “lamentablemente no corresponde a la realidad que vive el Estado de México, como si no fuera de los más corruptos del país y con una profunda desigualdad social”, y le pidió que informe por qué sistemáticamente la entidad es observada “por miles de millones de pesos” por la Auditoría Superior de la Federación.
La congresista del PAN Brenda Escamilla Sámano, presidenta de la Comisión Legislativa de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y de Combate a la Corrupción, enfatizó en que la desconfianza de los ciudadanos y su rechazo a la idea de lo público, se
basa en los altos índices de actos corruptos y de abusos de autoridad.
“El ciudadano se siente constantemente vulnerado”, sentenció, de ahí que resaltara que la Secretaría de la Contraloría es pieza clave para la reconfiguración de la confianza ciudadana y de la labor pública.
También cuestionó sobre las mejoras para que el Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios sea más certero y otorgue certidumbre a la ciudadanía. María Luisa Mendoza Mondragón, del PVEM, se refirió a la aplicación móvil Denuncia Edomex, destacada por el gobernador como una herramienta tecnológica que permite el empoderamiento del ciudadano, fortalece la transparencia y combate la corrupción y las malas prácticas. Pero las denuncias no se concretan, aseguró la diputada, debido a que el ciudadano tiene miedo a una represalia o bien por la opacidad a la que puede enfrentarse cuando el servidor público es omiso y no lo escucha.
Por ello, preguntó por el número de denuncias que se recibieron a casi un año de funcionamiento de la aplicación. También pidió saber el rango de los servidores públicos que han sido sancionados, a qué se debe la tardanza en las resoluciones de la Subdirección de Investigaciones y los mecanismos para proteger a servidores públicos por acusaciones falsas.
La coordinadora del Grupo Parlamentario del PES, Julieta Villalpando Riquelme, dijo que en la construcción de la Cuarta Transformación el presidente Andrés Manuel López Obrador ha establecido como eje rector de su gobierno la cero tolerancia a la corrupción, y preguntó si el gobierno del Estado de México está dispuesto a coadyuvar en ello.
Dijo que no deja de llamar la atención que la entidad sea una de las que presentan más observaciones de la ASF en la revisión de la Cuenta Pública, por lo que interrogó acerca de las acciones para aclararlas, las medidas en contra de servidores públicos involucrados en actos de corrupción, el número de sancionados a partir de la implementación del Sistema Anticorrupción del
Estado de México y Municipios y si los Consejos de Participación Ciudadana siguen funcionado.
La diputada Araceli Casasola Salazar, del PRD, señaló que los ciudadanos demandan cuentas claras de las autoridades, por lo que se requiere que asuman responsabilidades y no se limiten a presentar “datos alegres o cifras adecuadas”. Subrayó la falta de sanciones derivadas de procedimientos en contra de funcionarios de la administración pasada y preguntó sobre las
atribuciones de la secretaría en cuanto a la detección y sanción de faltas administrativas, así como acerca de presuntos actos de corrupción en la asignación de recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal y las acciones para promover el comportamiento ético de los servidores
públicos.
De los diputados sin partido, Carlos Loman Delgado habló de la importancia de la labor de la secretaría en la supervisión de la correcta aplicación de los recursos públicos tanto estatales como federales, y pidió que el titular detallara las funciones de la dependencia en este sentido y el procedimiento de las sanciones administrativas.
Al responder los cuestionamientos de los legisladores, el secretario dijo que una de las prioridades del gobierno estatal es el combate a la corrupción, por lo que involucra a todos los actores públicos y sociales e impulsa la vinculación con organizaciones y asociaciones de carácter público, civil o social con las que comparte el objetivo de disminuir las malas prácticas de la administración.
Específico que en el periodo informado se realizaron más de 3 mil 500 auditorías entre financieras, administrativas, de obra pública e integrales, y más de 11 mil inspecciones, como las realizadas por el Laboratorio de Análisis y Verificación de Calidad de Materiales de Construcción.
Sobre las responsabilidades administrativas, mencionó que se han iniciado más de 12 mil procedimientos de investigación y se han resuelto más de tres mil procedimientos de responsabilidad administrativa y resarcitorios, en los que se han impuesto más de 2 mil 400 sanciones, de las que cerca de mil se han dado en el periodo del informe.
