Por Veneranda Mendoza.

Toluca, Méx. Acuerda la Comisión para la Igualdad de Género de la Legislatura mexiquense, por mayoría de votos, proponer la despenalización del aborto en el Estado de México hasta las 12 semanas de gestación, lo que permitiría que no se criminalice a las mujeres por el derecho a decidir sobre sus cuerpos en la temporalidad que se especifica.

Sin embargo, esta acción, después de las 12 semanas de gestación, conforme al acuerdo seguirá siendo un delito, y por ahora fuera de la determinación quedó el reconocimiento de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), la asignación de presupuestos específicos para realizar este procedimiento de manera gratuita a través del sistema de salud pública, o la implementación de medidas preventivas y posteriores a una decisión de esta naturaleza.

La morenista Zaira Cedillo precisó que, para la decisión, se tomaron en cuenta cuatro iniciativas retomadas de la anterior Legislatura: dos promovidas por Morena, una del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y otra de Movimiento Ciudadano (MC), y se agregaron una del movimiento Marea Verde, presentada a inicios de la actual Legislatura, y otra más promovida por la diputada sin partido Paola Jiménez.

“No queremos retrasar (la reforma), seguir criminalizando a las mujeres y permitir que el patriarcado siga decidiendo sobre nuestros cuerpos”, indicó tras recordar que el 6 de septiembre de 2023, al resolver un amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la invalidez total del tipo penal del aborto porque viola el derecho de mujeres y personas gestantes a decidir sobre sus cuerpos.

El acuerdo de la Comisión, avalado con el voto del Partido Acción Nacional (PAN) en contra, plantea que la interrupción del embarazo sea un delito cuando ocurra después de las 12 semanas de gestación, de manera que se impongan de seis meses a un año de prisión; o de cinco a 10 años de cárcel y de 50 a 400 días multa cuando ocurra sin el consentimiento de la mujer.

La pena aumentará en una mitad si la interrupción del embarazo es provocada por personal médico, de enfermería o partería, se acompañará por la suspensión de 3 a 6 años en el ejercicio de la profesión, y la suspensión llegará a 20 años en caso de reincidencia.

De aprobarse en sus términos, de urgente y obvia resolución, como se pretende ocurra el próximo lunes 25 de noviembre, no será punible la muerte del producto después de las 12 semanas de gestación cuando sea resultado de una acción culposa de la mujer o la persona gestante, sea resultado de una violación, inseminación artifical no consetida, exista riesgo de muerte de la mujer o afectación a su salud física o mental, o por malformación genética, por ocultamiento o privación de la libertad por su pareja o persona de confianzas, trastorno ginecológico que impidiera detectar el embarazo a tiempo

La morenista aclaró, no obstante, que esta determinación no implica que se renuncie a la ILE, a la implementación de medidas preventivas o posteriores al procedimiento, pero para ello todavía es necesario estructurar presupuestos.

El acuerdo generó algunas molestias entre grupos parlamentarios y diputadas incluso aliadas, quienes advirtieron que no siguió el procedimiento legislativo requerido porque las iniciativas para la ILE no han subido al pleno, no se han remitido a comisiones, y no se convocó a sesión de dictamen, sino a reunión de trabajo.

También hubo quejas en el sentido de que algunas legisladoras no fueron invitadas a una reunión de colectivas y diputadas con el presidente de la Jucopo, Francisco Vázquez, en la que se comprometió avalar la despenalización del aborto el próximo 25.

Zaira Cedillo aseguró que no existen errores procedimentales, pues no se trata de un dictamen, sino de un acuerdo de la Comisión que será remitido a la Jucopo y a la presidencia de la Mesa Directiva para que sea considerado en la siguiente sesión plenaria, donde continuará la discusión.

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