Primero Editores / Ingrid Ahumada
Toluca, México.- Para hacer frente al grave rezago educativo, garantizar la educación especial y a indígenas, además de que los docentes se enfoquen en su trabajo pedagógico y no en tareas administrativas, el diputado Benigno Martínez García presentó una iniciativa para crear la nueva Ley de Educación del Estado de México.
Al presentar la iniciativa, recordó que para la elaboración de la nueva Ley se contó con la participación de especialistas, docentes y gremios sindicales, así como de las y los diputados de las distintas fracciones parlamentarias.
El también presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, aseguró que además de armonizar la legislación federal y local y, la propuesta plantea profundizar la reforma del sistema educativo estatal para hacer frente a los rezagos en la materia.
“La realidad que se vive de los rincones más apartados, hasta las zonas más urbanizadas de nuestra entidad, tiene un solo nombre, y se llama rezago educativo, se llama contemplación e indiferencia”.
Buscarán que la nueva Ley de Educación vincule a los estudiantes con las oportunidades laborales y, además, ofrezca las mismas oportunidades de recibir educación, para hijos de obreros, campesinos, asalariados o acaudalados, desde su propia condición y circunstancia individual.
Martínez García recordó que históricamente, los programas educativos impulsados por los gobiernos en turno, no han sido evaluados para saber de sus resultados, eficiencia y viabilidad presupuestal.
Por ello, propone que la evaluación se realice de manera permanente mediante trabajos de Investigación Educativa Básica y Aplicada, por parte del Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México y de las Escuelas Normales de la entidad.
Consideró como impostergable que los docentes ante grupos de las escuelas mexiquenses de nivel básico y medio superior, dediquen el 80 por ciento de la jornada laboral a actividades pedagógicas.
Además aseguró que la educación especial y la atención profesional a personas con alguna discapacidad, se han abandonado como obligación del Estado, por lo que se requiere invertir en ello y no continuar con la simulación de la educación inclusiva obligada, cuando ni las condiciones de infraestructura y mobiliario de las instituciones educativas lo permiten, ni hay personal especializado para ello.
