- El caso de los estudiantes desaparecidos sigue sin resolverse plenamente, mientras las familias exigen respuestas y justicia.
Ciudad de México.- Este 26 de septiembre de 2024, se cumplen 10 años de uno de los episodios más trágicos y dolorosos en la historia reciente de México: la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero. A una década del hecho, el caso sigue siendo un símbolo de la impunidad, la corrupción y la ineficiencia del sistema judicial mexicano.
Los jóvenes fueron desaparecidos en la ciudad de Iguala, en lo que las investigaciones han señalado como una confusa mezcla de colusión entre el crimen organizado y autoridades locales, que resultó en el secuestro y presunto asesinato de los estudiantes. A lo largo de los años, múltiples versiones han surgido, desde la “verdad histórica” presentada por la administración de Enrique Peña Nieto, que fue desmantelada por inconsistencias, hasta las recientes investigaciones impulsadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que han revelado la participación de altos mandos militares y la manipulación de pruebas clave.
Estado Actual del Caso
A pesar de algunos avances en la investigación, como la identificación parcial de algunos restos, el caso sigue sin esclarecerse por completo. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ha señalado que documentos militares cruciales han sido ocultados y que algunos de los responsables todavía están en libertad. Recientemente, se ha revelado que altos mandos del Ejército Mexicano podrían estar implicados, lo que ha generado una nueva ola de indignación.
Las familias de los estudiantes continúan en su lucha, exigiendo justicia plena y la presentación de todos los responsables ante la ley. A lo largo de estos 10 años, han mantenido vivas las marchas, las protestas y las vigilias para que el caso no caiga en el olvido, mientras reiteran que “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.
Un Sistema Judicial en Deuda
El caso Ayotzinapa ha expuesto las debilidades del sistema judicial mexicano y la penetración del crimen organizado en las instituciones. A pesar de los esfuerzos del gobierno actual por rectificar los errores del pasado, la complejidad del caso y los intereses implicados han impedido un avance decisivo. En agosto de 2024, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, reconoció públicamente que ciertos informes habían sido manipulados y que la justicia sigue siendo esquiva para las familias.
Además, la renuncia de Omar Gómez Trejo, el fiscal especial encargado del caso, en 2022, evidenció las tensiones internas y la falta de voluntad política para resolver el caso en su totalidad. La reciente liberación de algunos de los presuntos responsables ha generado una profunda desconfianza en las instituciones judiciales, alimentando la percepción de que la impunidad prevalece.
Diez años después de la desaparición de los 43 normalistas, el Estado mexicano sigue en deuda con las familias y con la sociedad. A pesar de los avances parciales, la verdad completa sigue siendo esquiva y la justicia, un anhelo que parece cada vez más distante. Para las madres y padres de los jóvenes, el dolor es permanente, pero su esperanza por la verdad y la justicia sigue firme.
