Ciudad de México.- Aprobó la eliminación de órganos autónomos en México como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), entre otros, la Cámara de Diputados con 332 votos a favor, 119 en contra y 0 abstenciones.
Concentración de funciones y nuevo modelo de competencia económica
La propuesta establece la creación de una nueva autoridad en materia de competencia económica, que asumirá las funciones reguladoras del IFT y la Cofece. Según Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado de Morena, esta entidad operará con independencia técnica y tendrá como objetivo eliminar barreras de competencia, imponer sanciones y garantizar la libre concurrencia en mercados estratégicos.
El diputado Ricardo Monreal Ávila defendió la reforma señalando que permitirá redirigir cerca de 15 mil millones de pesos hacia sectores prioritarios como salud, educación y agricultura. Afirmó que las modificaciones frenarán la privatización y fortalecerán al Estado como rector económico y social.
Impacto y críticas a la centralización
Mientras Morena y sus aliados sostienen que la reforma garantiza un mercado competitivo y beneficia directamente al pueblo mexicano, voces opositoras, como la diputada de Movimiento Ciudadano Irais Virginia Reyes, advirtieron sobre los riesgos de centralizar funciones clave en el gobierno federal. “Esta reforma es un golpe a la autonomía de los órganos reguladores. Nos aleja de la transparencia y afecta la libre competencia en sectores estratégicos como las telecomunicaciones”, subrayó.
Soberanía nacional sobre litio y electricidad
La reforma también incluye cambios al artículo 27 constitucional, reforzando la soberanía sobre recursos como el litio, los minerales y la electricidad. Según Maribel Martínez Ruiz, del PT, este ajuste protege al país frente a intereses privados y garantiza que la explotación de estos recursos sea exclusivamente estatal.
¿Qué sigue?
El dictamen, que modifica diversos artículos de la Constitución, fue enviado al Senado para su discusión y eventual aprobación. Si se ratifica, el Congreso tendrá 90 días para emitir leyes secundarias que definan el funcionamiento de las nuevas instituciones y la redistribución de funciones.
Esta reforma marca un giro significativo en la organización del Estado mexicano, desatando un debate que podría redefinir la relación entre gobierno, mercado y ciudadanía.
