Ciudad de México.- Las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos aprobaron los dictámenes que reforman la legislación en materia electoral, para regular el proceso de elección de jueces, ministros y magistrados.
Con 22 votos a favor y siete en contra, los órganos legislativos que presiden la senadora Lilia Margarita Valdez Martínez y el senador Enrique Inzunza Cázarez, avalaron en lo general el proyecto que modifica diversos artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y con 21 votos a favor y siete en contra, dieron su respaldo al dictamen que modifica la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Los dos dictámenes derivan de las iniciativas que envió a la Cámara de Senadores la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, el pasado 7 de octubre.
En lo particular, los integrantes de las comisiones aceptaron tres reservas que presentaron los senadores Manuel Huerta Ladrón de Guevara, Miguel Pavel Jarero Velázquez y Olga Patricia Sosa Ruíz.
Con ello, se incluyó una disposición para que los Poderes de la Unión determinen en primer término, su conformidad total o parcial sobre los listados de candidatos y, en caso de que se rechace la lista, los comités de evaluación presenten un nuevo listado.
Además, se aceptó una propuesta para que las Cámaras del Congreso de la Unión puedan acordar las postulaciones conjuntas de candidatos, para fortalecer al Poder Legislativo, mejorando la coordinación de Poderes. Dichas reservas fueron aprobadas con 20 votos a favor y siete en contra.
También avalaron, con 21 votos a favor y siete en contra, un cambio a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para dar claridad a aquellos candidatos que desean impugnar la votación de los cargos del Poder Judicial y que resolverá en última instancia la Sala Superior.
Se indica que el medio de impugnación adecuado para resolver los conflictos relativos es el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza Cázarez, detalló que las modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales otorgan al Instituto Nacional Electoral y a los institutos locales, la responsabilidad de los procesos para elegir jueces, magistrados y ministros, así como las reglas generales para garantizar que esos procesos sean justos, transparentes y eficientes.
La reforma incluye regulaciones sobre convocatorias, postulación de candidatos, propaganda, encuestas y sondeos de opinión, organización de mesas directivas de casilla, conteo de votos, proclamación de resultados, normas de elecciones federales y locales, procedimientos de sanción y disciplina, acceso a tiempos en radio y televisión de los candidatos, así como uso de recursos en campañas y fiscalización.
“Con esto se busca garantizar que el proceso sea íntegro y legítimo, asegurando la correcta renovación del Poder Judicial, de acuerdo con los principios democráticos”, sostuvo.
Por su parte, las reformas a la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, explicó el senador, regulan el proceso de impugnación durante las elecciones de los juzgadores del Poder Judicial de la Federación, para que las resoluciones de las autoridades electorales puedan ser objetadas mediante un juicio de inconformidad cuando sus decisiones violen normas constitucionales o legales.
También definen a qué instancia le compete resolver esas impugnaciones dependiendo del caso y que sólo los directamente afectados por las resoluciones pueden comenzar el proceso; especifica los plazos para ello, las causales de nulidad de elección de un candidato, entre las que está el uso indebido de financiamiento público o privado; y precisa las reglas de inconformidad y controversias durante las elecciones judiciales.
“El dictamen establece un sistema claro y regulado para impugnar las elecciones de las personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación, con el fin de garantizar la legalidad y legitimidad de estos procesos; también busca dar mayor claridad sobre las competencia y procedimientos aplicables en los juicios de inconformidad relacionados con las elecciones judiciales”, concluyó el legislador.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Gobernación, Lilia Margarita Valdez Martínez, destacó que los dictámenes buscan establecer reglas claras para la elección de los cargos del Poder Judicial, así como garantizar que quienes decidan participar en el proceso, tengan a salvo sus derechos, y puedan impugnar en caso de no estar de acuerdo con la determinación.
Democratizar el Poder Judicial de la Federación, aseveró, no debe ser ningún estigma, por el contrario, la elección de quienes imparten justicia en sus diferentes ámbitos debe ayudar a construir un piso mínimo para que la justicia sea una realidad asequible para las mayorías.
En los posicionamientos de los Grupos Parlamentarios, Verónica Noemí Camino Farjat, de Morena expresó que las modificaciones establecen un marco claro y sólido para garantizar la legitimidad y transparencia en la elección de las personas juzgadoras, es decir, “se le da forma a una reforma” que mandató el pueblo de México.
Por Acción Nacional, Laura Esquivel Torres, advirtió que “a todas luces” las reformas son inconstitucionales y sólo buscan terminar con la independencia del Poder Judicial. La elección popular de las personas juzgadoras es “un engaño”, ya que el Tribunal de Disciplina sólo quiere “tener de rodillas” a jueces y magistrados.
Del PRI, Néstor Camarillo Medina consideró que las modificaciones propuestas no terminan por suplir las diferencias de la reforma constitucional, porque “se sigue atentando” contra quienes trabajan en el Poder Judicial, lo que impacta directamente la justicia del país. Debe quedar claro, dijo, que la impartición de justicia en nuestro país “está en riesgo”, por hacer todo de una “manera irresponsable”.
Ana Karen Hernández Aceves, del PT, afirmó que le toca al Poder Judicial ser elegido democráticamente, por lo que las reformas garantizan los principios rectores de cada una de las etapas del proceso electoral para los cargos de elección popular de las personas juzgadoras.
Alejandra Barrales Magdaleno, de Movimiento Ciudadano, señaló que no se ha dado el tiempo suficiente para revisar a fondo las propuestas, y no debemos “vernos como una oficialía de partes del gobierno”, porque, aseguró, se presenta un proceso que no es claro y que “viola” las garantías individuales de los participantes en el proceso electoral.
Del PVEM, Waldo Fernández González consideró que estas leyes secundarias establecen principios de legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad y transparencia a cada etapa del proceso de elección de las y los juzgadores, con lo que se logrará favorecer a los ciudadanos que, lamentó, “son los verdaderos afectados por un sistema de justicia que no da justicia”.
