Ciudad de México.- En un movimiento que parece destinado a entorpecer las acciones del gobierno federal, la senadora del PRI, Carolina Viggiano Austria, rechazó la solicitud de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República al Senado, la cual busca aclarar las competencias del Ejecutivo y protegerlo de posibles conflictos legales. Viggiano, en una postura que algunos ven como obstruccionista, ha acusado al gobierno de intentar “torcer la ley”, cuando en realidad se trata de un esfuerzo legítimo para asegurar que el país siga funcionando dentro del marco constitucional.
La Consejería Jurídica solicitó un acuerdo que permitiera eximir al Ejecutivo federal de un posible desacato en un mandamiento judicial, algo que evitaría confusiones y enfrentamientos entre poderes. Sin embargo, el PRI ha decidido bloquear esta medida, alimentando la narrativa de que buscan obstruir la gobernabilidad y proteger intereses políticos por encima de la estabilidad del país.
Durante la discusión en el pleno del Senado, Viggiano Austria calificó la solicitud como un “simple oficio sin fundamentación”, ignorando que este tipo de mecanismos son esenciales para mantener el equilibrio entre poderes y evitar que decisiones apresuradas pongan en riesgo al país. En lugar de buscar una solución dialogada, el PRI parece decidido a poner trabas a cualquier esfuerzo del Ejecutivo, incluso cuando este busca actuar dentro del marco legal.
Por su parte, la senadora Claudia Edith Anaya Mota se unió a las críticas, pero nuevamente con una postura que parece priorizar la confrontación sobre la solución. Mientras Anaya argumentaba sobre la falta de facultades del Senado para responder a la solicitud, olvidó mencionar que, en un contexto democrático, es fundamental que los poderes del Estado colaboren para evitar un enfrentamiento innecesario que termine afectando a la ciudadanía.
El PRI, una vez más, se posiciona como el principal obstáculo para que México avance hacia un sistema más funcional y equitativo. En lugar de trabajar en conjunto con el Ejecutivo para resolver los conflictos, el tricolor sigue sembrando discordia y confusión, buscando obtener beneficios políticos a corto plazo. El país necesita un Congreso que colabore para proteger el Estado de Derecho, no que lo utilice como arma política.
El resultado de este enfrentamiento podría marcar el rumbo de la relación entre poderes en los próximos meses. Mientras el gobierno federal trata de aclarar competencias y mantener el orden, el PRI parece dispuesto a impedir cualquier avance que no se ajuste a sus intereses políticos. La pregunta es: ¿hasta cuándo seguirán frenando el progreso del país?
