La reciente reforma energética presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum busca consolidar el papel del Estado en la generación de energía eléctrica, otorgando a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el 54% de la capacidad de generación, mientras que el sector privado mantendrá el 46%. Este cambio pretende recuperar la soberanía energética que, según la mandataria, se vio afectada por la reforma de 2013, la cual benefició a las empresas privadas.
Revisión del papel de CFE y Pemex
La reforma no solo impacta a la CFE, sino también a Petróleos Mexicanos (Pemex). Ambas empresas, que habían sido clasificadas como “empresas productivas del Estado”, volverán a regirse bajo un esquema de servicio público. Esto implica que sus operaciones estarán enfocadas en garantizar el suministro y la autosuficiencia energética del país, y no únicamente en la obtención de beneficios comerciales.
Distribución de la generación de energía
Con la nueva reforma, la CFE manejará el 54% de la energía generada en el país, mientras que la iniciativa privada se encargará del 46%. Aunque se respetarán los contratos existentes con el sector privado, el Estado buscará redefinir los términos de participación a través de las leyes secundarias. La presidenta Sheinbaum destacó que el objetivo no es confrontar al sector privado, sino garantizar una colaboración más equitativa y alineada con los intereses nacionales.
El impacto de la reforma de 2013
La secretaria de Energía, Luz Elena González, explicó que la reforma energética de 2013 afectó negativamente la operación de la CFE al fragmentarla en varias subsidiarias, lo que generó ineficiencias en su funcionamiento. El nuevo esquema pretende revertir este proceso y devolver a la CFE su estructura verticalmente integrada, permitiéndole operar de manera más eficiente y consolidando su papel estratégico en la generación y distribución de energía.
Planes futuros
A partir de esta reforma, se plantearán nuevos esquemas de regulación para el 46% de la energía generada por el sector privado. Estos esquemas se detallarán en las leyes secundarias, con el objetivo de crear un balance justo entre la iniciativa privada y el Estado.
