Ciudad de México.- En un contundente llamado a proteger los derechos humanos y erradicar las prácticas de los llamados Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual, Identidad o Expresión de Género (ECOSIG), mejor conocidos como “terapias de conversión”, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Reyna Celeste Ascencio Ortega, urgió a la creación de políticas públicas que prevengan y sancionen estos actos que atentan contra la dignidad humana.
Durante el foro “Respuesta intersectorial para la prevención y atención de los ECOSIG en México”, Ascencio Ortega subrayó que los ECOSIG son una práctica inhumana, utilizando violencia física y psicológica para suprimir o modificar la identidad de género u orientación sexual de las personas. Aclaró que no solo representan un acto de discriminación, sino un atentado contra la esencia de cada individuo.
“La sociedad debe comprender que en las preferencias sexuales o identidad de género no hay nada que curar”, enfatizó la senadora, al tiempo que llamó a la participación conjunta del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial en la creación de políticas públicas que aseguren la prevención, la justicia y una educación inclusiva. Ascencio Ortega recordó que, aunque el 7 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma que tipifica las “terapias de conversión” como delito, la prohibición legal es solo el primer paso, y se necesitan acciones efectivas para frenar su práctica en todo el país.
La senadora fue respaldada por la diputada Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, quien destacó que los libros de texto representan una oportunidad crucial para educar sobre orientación sexual y brindar una perspectiva inclusiva en el entorno escolar, capacitando a los docentes en estos temas. “Es momento de disuadir la discriminación desde las aulas y de informar, porque la ignorancia es el principal combustible de estas prácticas”, señaló Mercado.
En representación de organismos internacionales, Jesús Peña Palacios, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reafirmó que toda política pública debe contribuir al avance y respeto de los derechos humanos, mientras que Geraldina González de la Vega, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, informó que hasta el momento 18 estados han legislado para prohibir los ECOSIG.
El foro cerró con un acuerdo entre los participantes de promover una estrategia nacional unificada, desde las aulas hasta las leyes, para asegurar que ninguna persona en México sea obligada a sufrir estos tratamientos de tortura que solo perpetúan la discriminación y el odio.
