Jojutla, Morelos.- Expresó su profunda preocupación Amnistía Internacional por el hallazgo de una fosa común en el poblado de Pedro Amaro, municipio de Jojutla, donde habrían sido inhumadas de manera irregular al menos 60 personas adultas y 10 bebés, de acuerdo con información preliminar.
El hecho, calificado como alarmante y potencialmente violatorio de derechos humanos, revive las denuncias por prácticas indebidas en el tratamiento de cuerpos no identificados en el estado de Morelos, donde anteriormente ya se habían documentado entierros sin protocolos adecuados.
Derecho a la verdad y justicia, en riesgo
La organización internacional subrayó que este caso podría constituir una grave violación al derecho a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas y sus familias. Desde 2014, México ha enfrentado una crisis forense con más de 50 mil cuerpos sin identificar en servicios médicos forenses y fosas comunes a lo largo del país.
El hallazgo en Jojutla no solo refleja el rezago en los mecanismos de identificación y resguardo digno de los cuerpos, sino también una posible omisión de las autoridades estatales para garantizar procesos adecuados y respetuosos de los derechos humanos.
Exigen acciones inmediatas y transparencia
Amnistía Internacional hizo un llamado urgente a la Fiscalía General del Estado de Morelos para que:
- Continúe las excavaciones con personal especializado en antropología forense.
- Garantice la participación activa de colectivos de búsqueda, quienes han sido claves en los hallazgos de fosas en el país.
- Realice pruebas genéticas para la identificación de los cuerpos exhumados.
- Publique los resultados de los perfiles genéticos, permitiendo el acceso transparente a familiares y defensores de derechos humanos.
- Y, especialmente, que no se estigmatice ni revictimice a quienes observan, documentan o exigen rendición de cuentas.
Un llamado contra la impunidad
El mensaje de Amnistía Internacional es claro: las fosas comunes no pueden seguir siendo sinónimo de impunidad. Las familias de personas desaparecidas tienen derecho a conocer la verdad sobre el paradero de sus seres queridos, y el Estado mexicano está obligado a brindar justicia, respeto y reparación.
El caso de Jojutla se suma a una larga lista de situaciones en las que el descuido institucional ha profundizado el dolor de cientos de familias mexicanas, especialmente en regiones duramente golpeadas por la violencia y la desaparición forzada.
La presión de organismos internacionales y colectivos de familiares de desaparecidos continúa creciendo, con la esperanza de que cada cuerpo encontrado no quede en el olvido y sea restituido dignamente a su hogar.
