Ciudad de México.- Ante el creciente uso de uniformes de corporaciones de seguridad pública y empresas de servicios por parte de delincuentes para cometer delitos como robos, extorsiones y secuestros, la senadora Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó un Punto de Acuerdo que busca prohibir la venta de estos artículos en puestos ambulantes o semifijos.
Prevenir delitos y proteger a las familias
La propuesta tiene como objetivo combatir delitos como el robo a casa-habitación, que, según Corona Nakamura, han impactado profundamente en el tejido social al dañar el patrimonio de las familias y generar miedo en las víctimas.
“Lamentablemente, muchos delincuentes se disfrazan con uniformes de seguridad pública o de empresas como CFE, Pemex o Telmex para ganar la confianza de las personas y acceder a sus hogares sin violencia”, explicó la legisladora.
Según cifras oficiales, 92% de los robos a casa-habitación reportados en el primer semestre de 2023 en la Ciudad de México se realizaron sin violencia, utilizando precisamente esta modalidad de engaño.
Campañas de concientización y regulación
El Punto de Acuerdo también propone implementar campañas en medios de comunicación para concientizar a la ciudadanía sobre los riesgos de adquirir estos uniformes o distintivos, así como exhortar a los gobiernos estatales y de la Ciudad de México a prevenir y sancionar su venta.
Corona Nakamura destacó que la venta de uniformes oficiales es un problema que sigue creciendo debido a su accesibilidad y bajo costo. Actualmente, el Código Penal Federal solo sanciona el uso indebido de estos uniformes bajo el delito de usurpación de funciones, pero no regula su venta indiscriminada.
Preocupación por el impacto del delito
La senadora subrayó que el robo a casa-habitación, además de representar un daño económico, genera desconfianza hacia las autoridades, ya que muchas víctimas no denuncian por temor a represalias o falta de credibilidad en el sistema de justicia.
Finalmente, Corona Nakamura insistió en que la prohibición de la venta de uniformes oficiales es un paso necesario para combatir la incidencia de este delito y proteger a la población. “Es momento de que las autoridades actúen de manera contundente para garantizar la seguridad y tranquilidad de las familias mexicanas”, concluyó.