Ciudad de México.- La agenda de la Comisión de Federalismo para la LXVI Legislatura tiene como propósitos centrales la construcción de mecanismos que permitan dotar de más recursos a estados y municipios, destacó el senador Miguel Ángel Riquelme Solís.
El presidente del órgano legislativo dijo que las y los senadores buscarán proveer a los gobiernos locales de las herramientas institucionales, administrativas, políticas y económicas, que les permitan desplegar su desarrollo.
Miguel Ángel Riquelme Solís declaró formalmente instalada la Comisión de Federalismo. En esa reunión destacó la importancia de consolidar las instituciones políticas de los tres órdenes de gobierno, de fortalecer la coordinación y propiciar el respeto del pacto federal.
El senador consideró que el sistema hacendario debe generar mayor crecimiento, contribuir a reducir la pobreza, y promover el equilibrio entre la Federación y las entidades, así como la unidad del país.
De Morena, Mariela Gutiérrez Escalante subrayó que trabajarán para mejorar el sistema de recaudación de los municipios, avanzar en la transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos y para favorecer a los sectores menos favorecidos.
María de Jesús Díaz Marmolejo, del Grupo Parlamentario del PAN, dijo que la inclusión, equidad, justicia, participación ciudadana y fortalecimiento de la nación, son temas que debe abordar esta Comisión.
Del PRI, Anabell Ávalos Zempoalteca pidió a la mayoría legislativa abrir el diálogo para abordar los temas que a la población le interesan, ante los escenarios de pobreza y desigualdad que prevalece en el país.
Amalia García Medina, de Movimiento Ciudadano, consideró necesario crear mecanismos para disminuir la desigualdad regional. México, dijo, requiere de un desarrollo incluyente y una prosperidad compartida, pero para lograrlo es importante respaldar a las entidades y revisar los asuntos relacionados con la recaudación y distribución de los recursos.
Además, el senador Manlio Fabio Beltrones Rivera subrayó la importancia de regresarle a estados y municipios las facultades recaudatorias, para que estos puedan mejorar los servicios públicos básico, sobre todo, para garantizar la seguridad de las y los ciudadanos.