Ciudad de México.- La senadora Ana Lilia Rivera Rivera propuso establecer mecanismos normativos que prevengan el conflicto de interés en el ámbito legislativo. La iniciativa también plantea sancionar estas conductas y reconocerlas como un riesgo estructural para la integridad del proceso legislativo en México.
Durante el foro “Regulación del Conflicto de Interés en la Legislación Mexicana”, Rivera Rivera advirtió que esta práctica representa uno de los principales problemas que enfrenta el Congreso. Señaló que está vinculada con prácticas de corrupción que afectan la creación y aprobación de leyes.
Mencionó como ejemplos las presiones ejercidas por industrias durante la discusión de la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible y la reforma para prohibir los vapeadores. Agregó que actualmente se encuentran detenidas iniciativas como la que regula plaguicidas altamente peligrosos debido a intereses económicos.
La diputada Nora Ruvalcaba Gámez, secretaria de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, afirmó que los legisladores deben actuar con ética y conciencia. Aseguró que sin estos principios, se corre el riesgo de favorecer intereses particulares sobre el bien común.
Ruvalcaba sostuvo que la corrupción está relacionada con la simulación legislativa, donde conflictos de interés se ocultan bajo intenciones aparentes. Añadió que estos casos han impedido el avance de normas que buscan garantizar derechos fundamentales.
Alejandro Calvillo, representante de la organización “El Poder del Consumidor”, propuso una iniciativa legislativa que incluya sanciones para quienes incurran en conflictos de interés. Señaló que esto es clave para evitar la apropiación de recursos naturales por parte de actores empresariales.
Calvillo subrayó que el conflicto de interés compromete la legitimidad de las decisiones legislativas. Añadió que esta práctica afecta la confianza pública, la igualdad y la democracia.
La propuesta para regular el conflicto de interés en el Poder Legislativo busca garantizar procesos transparentes y decisiones basadas en el interés público. El debate continúa abierto en el Congreso y con la participación activa de la sociedad civil.
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