Ciudad de México.- En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N), la presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI) y diputada federal del PRI, Xitlalic Ceja García, hizo un llamado a atender el delito de sumisión química. Aunque el problema es alarmante, sus declaraciones parecen quedarse en la superficialidad del discurso político, sin abordar las raíces estructurales de la violencia de género ni proponer estrategias concretas que trasciendan la coyuntura mediática.

¿Un enfoque limitado al contexto nocturno?

Ceja García define la sumisión química como el uso de sustancias para someter a las mujeres en bares, discotecas o eventos sociales donde se consume alcohol. Sin embargo, restringir el problema únicamente a este tipo de entornos refleja un enfoque incompleto. La violencia de género, incluida la sumisión química, no está limitada al contexto nocturno ni a lugares de esparcimiento; puede ocurrir en cualquier ámbito, incluidos espacios privados y familiares.

Además, esta narrativa corre el riesgo de reforzar estereotipos que culpabilizan a las mujeres por acudir a eventos sociales, desviando la atención de los agresores y las fallas del sistema de justicia que perpetúan la impunidad.

¿Dónde están las acciones concretas?

La diputada menciona la necesidad de acciones contundentes para combatir este delito, pero no ofrece detalles sobre las políticas públicas o reformas legales específicas que podrían implementarse. Por ejemplo, no se habla de fortalecer los protocolos de atención médica para detectar y atender casos de sumisión química, ni de capacitar a las autoridades para investigar y sancionar efectivamente estos delitos.

Tampoco se aborda la urgencia de mejorar los sistemas de denuncia y protección para las víctimas, quienes enfrentan barreras significativas, como la revictimización o la falta de pruebas debido a la rápida metabolización de las sustancias utilizadas.

El riesgo del protagonismo político

Aunque la preocupación por la violencia de género es legítima, el uso de estas fechas y cifras alarmantes para reforzar agendas políticas corre el riesgo de desvirtuar la lucha feminista y diluir los esfuerzos colectivos. Por ejemplo, Ceja García citó datos de la ONU que posicionan a México como el segundo país con más feminicidios en América Latina, pero ¿qué propuestas ha impulsado el PRI, como partido, para abordar esta crisis?

La lucha contra la violencia de género no debe ser una herramienta de protagonismo político ni un escaparate de buenas intenciones, sino una acción coordinada y sostenida que incluya políticas integrales, inversión en recursos y un verdadero compromiso con la erradicación de todas las formas de violencia.

Conclusión: Más acción, menos discurso

El 25N debe ser una fecha para rendir cuentas y reforzar compromisos reales, no para discursos vacíos. Combatir la sumisión química requiere más que declaraciones; demanda estrategias robustas, educación masiva sobre el consentimiento, y un sistema judicial que garantice justicia y protección para las mujeres. Sin estas acciones, los discursos seguirán siendo promesas incumplidas, y las cifras de violencia continuarán aumentando.

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