En grandes sectores de la sociedad prevalece un abierto descontento por la actuación del ejército y la marina frente a los llamados “grupos de la delincuencia organizada”. Ya no es sorpresa que se les señale por sus impericias en eso del respeto a los derechos humanos. El presidente electo manejó como una de sus banderas en tiempo de campaña, que la milicia debería retornar a los cuarteles para que los civiles retomaran la estrategia de la seguridad ciudadana. También, en la manera pausada que le caracteriza, mostró su inconformidad con la Ley de Seguridad Interior que le otorga a las fuerzas armadas facultades que rompen abiertamente con las normas constitucionales de la materia; y aunque es materia de acciones constitucionales, la lentitud de los costosos tribunales federales encabezados por la Suprema Corte, siembra dudas sobre una posible marcha atrás en la debatida ley.
Las fuerzas armadas, se aseguró para justificarla, pidieron que se normara su presencia en las calles, ya que se extendía la temporalidad de la medida. Las decisiones de las últimas tres administraciones para otorgarle a la población un mínimo de seguridad, fueron materia de crítica severa de la oposición que ahora habla de la instauración de la Cuarta República. Parece, sin embargo, que fue verborrea de campaña: el ejército y la marina continuarán combatiendo al crimen, ya que las policías federales, estatales y municipales no pueden, por el momento, sustituirles.
De nueva cuenta se habla de una medida transitoria, mientras se prepara a cuerpos policíacos que respondan a las exigencias sociales. Entonces: ¿íbamos bien? La pregunta cabe porque el pasado trece de agosto se dio a conocer que el Juez Decimocuarto de Distrito en Materia Penal del Primer Circuito ordenó a la PGR efectuar una investigación profunda y adecuada en relación con los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014 en una bodega ubicada en San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, México, en la que fueron ultimados 22 civiles por elementos del Batallón 102 de Infantería, a pesar de haberse rendido.
Todo indica que casos parecidos a éste aparecerán como lo cotidiano a lo largo y ancho del país, debido a que la seguridad de la población seguirá corriendo a cargo de individuos formados en un rubro diametralmente distinto, como lo es la seguridad nacional. ¿Acaso no se ha entendido parte del mensaje que mandaron los electores el pasado primero de julio?
