Latitud Megalópolis | Jafet Rodrigo Cortés Sosa
La lucha encarnizada de los representantes populares, se ha debatido a través del tiempo por dos situaciones que, lamentablemente, han sido enfocadas en perjuicio de todos: izquierdas contra derechas, liberales contra conservadores, buenos contra malos, y viceversa. Siempre aplastando los matices y en su mayoría, destruyendo a la gente de en medio.
Utilizando el concepto “politiquero”, para referirse a las acciones o discursos que se realizan desde posiciones de poder, que buscan objetivos meramente individuales, y no fines que beneficien a la colectividad, se puede describir el gran agravio social causado por los legisladores improductivos, sin agendas legislativas claras, que sólo van a lo que vulgarmente denominamos “calentar la silla”.
Esta situación no deviene de una ignorancia de la legislación, por no ser eruditos en derecho.
En sí el cargo público de diputados federales y locales, así como senadores, tiene por objetivo natural, encarnar los intereses del pueblo que representan, y fungir un papel fundamental para la promoción de la transparencia, la rendición de cuentas, y la denuncia de actos de corrupción, combatiendo la impunidad en el ejercicio indebido del gobierno, así como del presupuesto.
Portavoces de las necesidades y las propuestas, escuchas agudos de la gente, buscadores firmes de mejorar las condiciones de vida de todos.
Así es el deber ser del trabajo de los representantes populares; lamentablemente, la realidad muchas veces dista de todo lo que pareciera ser una pequeña utopía.
Aunque si bien es cierto que su trabajo haciendo leyes es fundamental, no se les puede culpar de no ser expertos en normas, contradiciendo el tabú de la abogacía elitista que buscando limitar los espacios de la democracia a aquellos que hayan cursado carreras de derecho.
La versión restrictiva anteriormente mencionada, contradice el fin del cargo público, y traería una homogeneidad grave, cortando todos aquellos comentarios, posturas y propuestas que pudieran venir desde la interdisciplina de un mundo cada vez más complejo.
El verdadero problema legislativo radica en un punto que a veces pasa desapercibido para la colectividad.
Las agendas políticas de los partidos, los compromisos adquiridos antes de llegar al cargo, creados por las alianzas de hecho o fácticas; posturas de ignorancia sobre los temas a legislar y el poco caso que le hacen a los expertos en las diversas materias; así como un enfoque pragmático y tajantemente crudo: qué es redituable y qué no lo es para sus carreras públicas. Un entramado difícil de desenredar.
En muchos casos, lo que predomina, además de la ignorancia, es el incumplir las agendas necesarias por ser impopulares o poco redituables políticamente, y trazar agendas con temáticas que generan mayor atención de la gente o, concretamente, del electorado.
Esto lleva a que muchos legisladores busquen impulsar propuestas radicales, sin meterse realmente a la raíz del problema.
En ciertas ocasiones las acciones que podrían resultar benéficas para todos, como reformas a legislaciones que se han vuelto obsoletas, no son propuestas, porque en sí, no traerán mucho rédito político a los legisladores, la bulla y la fanfarria que la mayoría de los legisladores buscan en su beneficio.
La normatividad avanza a una velocidad demasiado lenta para la situación actual de la sociedad, que, siendo reiterativo, se ha vuelto demasiado compleja en esta carrera de fórmula uno por adaptar la ley a la realidad.
Un ejemplo claro está en el código civil del Estado de Veracruz, que tuvo que permanecer obsoleto aproximadamente cinco años, en cuanto a su contenido procesal sobre la tramitación de divorcios incausados, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolviera a favor de esa forma de terminar la unión sin necesidad de una causa.
La gente se divorciaba sin causa, después de que, por fuerza, abogados tuvieran que citar la jurisprudencia de la Suprema Corte, hasta el 2020, cuando se terminó de reformar la eliminación de las causales de divorcio en la legislación veracruzana.
La bulla y la fanfarria en temas legislativos se ha materializada en controversias como las peleas de gallos, las legislaciones para prohibir circos con animales, etc., pero en muchas ocasiones los temas realmente sensibles, son eludidos por la gente que se sienta en su curul, porque para el espectáculo siempre les alcanzará el tiempo, pero para trascender y atender el deber, han sobrado, tristemente las excusas.
Muchas reformas permanecen paradas porque los legisladores temen perder capital político.
Entre ello en Veracruz hay un ejemplo claro, la Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado, o sea la legalización del aborto, que está en la congeladora por legisladores temerosos; así como cuando se enfrentan reformas para reducir prerrogativas, no son bienvenidas porque ellos creen erróneamente que ese dinero es suyo y no de la gente.
Luigui Ferrajoli hablaba de esto en cierto sentido al referirse a gobernantes, pero cabe también con el ejemplo de representantes populares, ambos deben de portar durante su encargo un “velo de ignorancia”, que les permitiría no ver la realidad desde otros ojos.
Si los legisladores no supieran a qué clase social, situación económica, proyecto venidero y realidad, llegarían el día de mañana al salir del cargo, en vez de su beneficio futuro y presente, buscarían trabajar para todos y en particular para la gente de su distrito o circunscripción, escuchando las necesidades populares y las propuestas ciudadanas; buscarían el equilibrio y la conciliación por el bienestar.
Buscarían, sin lugar a dudas, una democracia completa.
