- Libertad de expresión y derechos sindicales.
- Odio genera odio y el caso Reforma.
- Efectos de la falta de conocimiento en administración pública
Graciela Machuca Martínez*
La descalificación que ha realizado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, así como varios de sus colaboradores al trabajo periodístico de diversos medios de comunicación nacionales e internacionales, desde que rindió protesta como titular del Poder Ejecutivo Federal, ha generado un clima de linchamiento en contra de aquellas empresas y periodistas que disienten de la forma de trabajar de la actual administración federal.
El hostigamiento, la intimidación, el acoso y el odio en contra de la prensa ha generado que seguidores y fanáticos de López Obrador, sin tomar en cuenta que en México existe un derecho humano que se llama libertad de expresión, adoptan posturas fundamentalistas para destruir la diversidad de opinión y el quehacer periodístico que tanto trabajo y vidas ha costado.
El miércoles 13 de mayo, el periódico Reforma, a quien el presidente López Obrador ha cuestionado y manifestado rechazo a su política editorial, dio a conocer que recibió una llamada de un supuesto integrante del Cartel de Sinaloa, quien amenazó a la empresa de “volar” su edificio si no deja de criticar a AMLO.
La empresa periodística difundió el audio de la llamada recibida en sus oficinas, por medio de la cual, se escucha la voz de hombre, quien dijo pertenecer al Cartel de Sinaloa.
La versión estenográfica de la llamada dice lo siguiente: “Su empresa subió un video denigrando, vaya, casi burlándose del presidente de la República por eso hacemos esta llamada, porque esto que están haciendo ya sobrepasó la línea’, dijo el sujeto, quien en un principio se identificó como ‘diputado federal de Lozoya’.
Según Reforma, el hombre pidió pasar su “mensaje” al Jefe de Redacción, advirtiendo: ‘Dígale que no esté difamando al presidente de la República, que no esté traicionando a la patria porque, si no, las oficinas de ahí de su… periódico las vamos a volar. Todo el Cártel de Sinaloa está con Andrés Manuel López Obrador, nomás para que se cuiden, es en serio, ya están sobrepasando la línea’.
De acuerdo al rotativo identifico que la llamada se realizó de un teléfono de Mexicali, Baja California, e indicó que fue recibida luego de que el medio difundió un video que muestra una línea de tiempo con las declaraciones que López Obrador pidiendo tomar con calma el COVID-19 pese a la evolución de contagios y muertes por el virus en el país.
Por su parte, López Obrador, durante su conferencia diaria desde Palacio Nacional descalificó cualquier acto violento y condenó cualquier amenaza que se haga ‘hasta en nuestro nombre’.
El mensaje de amenaza puede tener varias lecturas sobre sus autores, desde grupos antagónicos políticamente, hasta fanáticos lopezobradoristas que consideran que con una amenaza de esta naturaleza le harán un favor al presidente de la República y a su cuarta transformación, desde luego que no se descarta la posibilidad que otros enemigos del actual gobierno pretendan vincularlo con alguno de los grupos de la delincuencia organizada que operan en el país.
Ninguna hipótesis se puede descartar ante las circunstancias por las que atraviesa el país, sin embargo, a lo que debemos prestar atención que la libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales con mayor vulnerabilidad, ya que por razones políticas se decidió no declarar el estado de excepción fundado en el Artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero en los hechos se ha dejado que los gobiernos estatales y municipales sometan a la población a un régimen autoritario.
El gobierno federal se lava las manos, pero saca a las fuerzas armadas a realizar funciones de seguridad pública en medio de la pandemia, pero aclara que cualquier anomalía que lleguen a cometer los militares, serán los órganos internos de control de esas instancias militares, las que conozcan de los casos, lo cual resulta contraproducente cuando aún muchos de los atropellos de la Sedena y de la Semar siguen en la impunidad.
La huelga de Notimex es legal
El pasado 13 de mayo, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCyA), notificó a Notimex (la agencia de noticias integrada legalmente el 20 de agosto de 1968), la agencia de noticias del Estado mexicano, que la huelga iniciada 83 días antes por integrantes del Sindicato de esa paraestatal, es legal, por lo que debe suspender actividades y permitir que en el edificio principal y alternos se puedan colocar las banderas rojinegras, de lo contrario su directora, la también periodista Sanjuana Martínez, se hará acreedora de una sanción administrativa como servidora pública.
Independientemente, de la trayectoria periodística de Sanjuana Martínez y de su personalidad, siempre compleja, con exjefes y excompañeros y excompañeras de trabajo, debe recordar que al tomar posesión del cargo protestó defender la Constitución Federal y las leyes secundarias, lo cual no está cumpliendo, pues sus asesores y las posibles instrucciones que recibe desde la Presidencia de la República la encaminan a que el derecho de huelga se lo pase por arco del triunfo.
La hoy directora de Notimex tomé posesión del cargo con la consigna de destruir al sindicato por la serie de anomalías que le fueron documentando por años, poro en lugar de presentar las denuncias penales correspondientes y proceder con tacto a demostrar que el sindicato estaba pasando sus peores momentos por el clima de corrupción, autoritarismo y revanchismo con que operaba, llegó a alborotar el panal, olvidándose que en este país, las leyes laborales han beneficiado a los sindicatos por más corruptos que sean. Las pruebas están en los sindicatos de PEMEX, SEP, el Minero, Ferrocarrilero, por cierto los principales representan a la burocracia federal.
Las medidas correctivas y de limpieza que empezó a instrumentar Sanjuana Martínez en Notimex no tuvieron el mínimo decoro, no supo guardar las formas, ni supo cuál es el fondo del asunto y desafortunadamente, revictimizó a mujeres y hombres que solo defienden su fuente de trabajo, porque quienes saquearon tanto al sindicato como a la empresa tienen resuelta su situación económica.
Es lamentable que las instrucciones que acata Sanjuana tengan la intención de violentar derechos laborales de personas trabajadoras de un medio de comunicación, como lo ha sido la hoy funcionaria durante toda su experiencia laboral hasta el día que rindió protesta como directora de Notimex.
Al tratarse de la agencia de noticias del Estado mexicano, le corresponde al gobierno federal resolver el asunto de fondo. Para ello, si no le conviene despedir a Sanjuana, entonces ordenarle que acepte la asesoría de un grupo interdisciplinario de expertos para que le saquen el toro de la barranca.
El conflicto podría resolverse, sin seguir dañando a la autonomía sindical, efectuando dos investigaciones desde el punto de vista administrativo: cómo operó el sindicato por lo menos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y deslindar responsabilidades penales y administrativas cometidas tanto por integrantes del sindicato como de la administración; después investigar que ha pasado a partir del primero de diciembre de 2018, saber quién cometió irregularidades y proceder conforme a derecho.
Y si la 4T tiene que sacrificar a alguien, que lo haga, solo por congruencia política e ideológica, así como para apegarse a la Ley Federal del Trabajo, a la transparencia y a la rendición de cuentas.
Luego de conocer la determinación de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, Adriana Urrea, declaró que “Este es un gran paso en el reconocimiento y respeto de los derechos laborales de las y los trabajadores de Notimex”.
El gobierno federal se encuentra en un dilema, con la resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, cumplirla o seguir litigando, a sabiendas que existe jurisprudencia laboral que tarde o temprano le dará la razón, en última instancia al sindicato. Si se toma la segunda opción, tanto el sindicato como la agencia de noticias estatal sufrirán un desagradable desgaste y el gobierno mexicano será objeto de llamados de atención a nivel internacional, no solo por violentar derechos laborales, sino cerrar la posibilidad de que en un medio público mexicano se ejerza la libertad de información.
El Sindicato de Notimex, luego de cumplir con los procedimientos que marca la ley estalló su huelga el 21 de febrero, misma que el 4 de marzo fue declarada legalmente existente por la misma JFCyA, resoluciones que se han topado con necedad, terquedad y el autoritarismo, al no cumplir la ley por tratarse de una agencia del mismo gobierno federal.
Si Sanjuana Martínez no procede a acatar la resolución, como servidora pública se puede hacer acreedora de una multa equivalente a 434 mil 400 pesos.
“Con fundamento en el artículo 449 de la Ley Federal del Trabajo, se apercibe a Notimex Agencia de Noticias del Estado Mexicano que de no suspender los trabajos y respetar el derecho de huelga, atendiendo a las consecuencias legales y afectación a los derechos de la sociedad que implicaría incumplir con dicha suspensión, se hará acreedora a una multa de hasta por el importe de 5000 veces la Unidad de Medida y Actualización, en términos de lo dispuesto por los artículos 731 fracción I, 732, 992 fracción II y 1002 de la Ley Federal del Trabajo”, según el documento de notificación.
Desde luego que este incumplimiento, no solo involucra a la directora de Notimex, sino a toda la Junta de Gobierno de Notimex, que es el órgano máximo de dirección de la Agencia.
La huelga fue estallada ante la falta de voluntad de la Dirección de Notimex para llevar a cabo la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo y por violaciones al mismo, así como por despidos injustificados.
Por falta de experiencia política y en la administración pública federal, de Sanjuana Martínez, ahora el gobierno de México tiene un nuevo frente para litigar. Su confrontación con un sindicato de trabajadores de un medio de comunicación público, ya empieza a recorrer los pasillos de organismo internacionales de defensa de derechos humanos y en particular de protección de derechos laborales.
*Periodista en Quintana Roo. Consejera suplente del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación.
