Por: Lalo Porras Ortiz.
Hola a mis 29 fieles lectores, le agradezco su atención y espero les agrade mi siguiente presentación.
Los altos niveles de inseguridad, la ofensiva contra organismos autónomos, las necesidades de los servicios de salud y las consecuencias del cambio climático y. La discordia por el Poder Judicial son algunos de los retos más apremiantes para México durante el 2024/2030.
¿Qué factores explican la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones representativas? La literatura especializada ha presentado dos tipos de respuestas a este problema.
La “corriente culturalista” sostiene que las actitudes políticas son resultado del proceso de socialización (Almond y Verba, 1963; Eckstein, 1988; Inglehart, 1996; Torcal y Montero, 2006; Segatti, 2006) y, por lo tanto, difíciles de cambiar en el tiempo.
Por su parte, el abordaje “racional” considera que las actitudes de los ciudadanos son consecuencia del desempeño que éstos le atribuyen al sistema (Miller y Listhaug, 1999, Camoes y Mendes, 2000; Mishler y Rose, 2001; Magalhaes, 2006).
A partir de la Encuesta Nacional de Cultura Política (2008), este trabajo demuestra, para el caso mexicano, que la desconfianza se explica mayormente a partir del deficiente desempeño que los ciudadanos atribuyen a sus representantes.
Debilidad institucional. Las reglas del juego en la administración pública no se cumplen pues son fáciles de romper.
Normas sociales. Existe un ambiente de corrupción normalizada, pues se entiende que está bien hacer ciertas transacciones políticas o sociales por medio de la corrupción.
Falta de contrapesos políticos. No hay una oposición ni congresos activos que vigilen a los poderes ejecutivos; en las instancias locales tampoco existen los checks and balances, pesos y contrapesos.
Ausencia de un sistema de rendición de cuentas. No hay estructura integral que abarque desde la documentación de los procesos de toma de decisiones hasta la revisión del ejercicio del dinero público.
Impunidad. La falta de órganos autónomos sancionatorios dejan sin castigo los actos de corrupción.
Hasta ahora, la lucha anticorrupción se ha concebido en México como una lucha de castigos, se han creado leyes e instituciones con la lógica de imponer castigos ejemplares y esto la verdad NO ha sido efectivo,
Lo que sí funciona es la prevención, se deben diseñar verdaderos programas de sensibilización y un sistema educativo deben ser la base del combate.
Herramientas de gobierno electrónico pueden ser de gran utilidad en el combate a la corrupción, como un sistema de contabilidad del presupuesto público que se actualice en tiempo real sería eficaz para detectar desvíos de dinero, por ejemplo. Sin ser la panacea, el diseño de una política pública que guíe los esfuerzos tecnológicos sería de gran utilidad.
Por otro lado, los ciudadanos de a pie no se les ha incluido en el diseño de la política anticorrupción e incluso hay una doble cara en ellos.
Los actos de corrupción “cotidianos” (los relacionados con trámites, con incidentes de tránsito) no se perciben como actos de corrupción, sino como actos de supervivencia, de inteligencia práctica.
La gran mayoría de los mexicanos condena la corrupción, pero también percibe un valor práctico en ella.
Veamos dos casos muy claros en Chihuahua, al Ex Gobernador Cesar Horacio Duarte Jáquez, fue perseguido durante 5 años por un ineficaz Gobernador, le inventó una serie de actos de corrupción (59) por 19 mil millones de pesos, incluso involucrando a personajes nacionales, y de los cuáles reales fueron solo ¡UNO!, por 98 millones y aún está en proceso, y que aparte fue por una denuncia Ciudadana del Lic. Jaime Garcia Chávez.
Y la actual administración, que se dedicó delegando las funciones tanto a la Fiscalía General del Estado, como a la Fiscalía anti corrupción también del Estado, donde realizando exhaustivas investigaciones dieron primero con el ex secretario de Salud quien a su vez se disculpe y se le castigó con sanciones administrativas, luego al Secretario de Hacienda a quien se le descubrió un desfalco al erario por 98.6 millones de pesos, el cual se encuentra prófugo aún, luego al Director de comunicación social, quien se encuentra en proceso en libertad, a la anterior secretaria anticorrupción por esconder documentos, se sancionó con pena administrativa, y a él ahora Senado Javier Corral Jurado quien es considerado prófugo de la justicia y protegido por el senado de la República, quién fue denunciado por cierto siendo Gobernador del Estado, lo denunció el Dr. Omar Bazan Flores, quien fuera Diputado local en aquel entonces.
Entonces pues, la ciudadanía, pierde la credibilidad de su gobierno y las instituciones políticas, y por ende busca ser lo más parecido a ellos.
Muchas gracias por atenderme en este artículo y gracia por su lealtad.
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