Por. – Benjamín Bojórquez Olea.
Cuando la ley no juzga hechos, sino destinos…
En México, la política y la justicia no bailan un vals; se empujan, se pisan y a veces se apuñalan. El caso del exalcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, quien ha sido vinculado a proceso por presunto abuso de autoridad y delitos cometidos por servidores públicos, no es simplemente un asunto judicial. Es un espejo —trizado y sucio— que refleja los “modus operandi” del poder en nuestra República: la perversión del Estado de Derecho, la instrumentalización de la ley, y el cinismo con el que se profesa la inocencia.
Vargas Landeros clama inocencia. Asegura que todo es parte de una cacería política. Como otros antes que él, se envuelve en la bandera del perseguido por el sistema, invocando valores como “honestidad”, “transparencia” y “entrega”. Pero, ¿no son esas las mismas palabras que usó Estrada Ferreiro, que usó el Quimico Benitez? ¿Desde cuándo la “conciencia tranquila” es prueba exculpatoria?
El caso de las 126 patrullas arrendadas por 171 millones de pesos no es trivial. No estamos hablando de una irregularidad menor. Estamos hablando de dinero público, de seguridad pública, de decisiones ejecutivas que comprometen el bienestar ciudadano. Y ante una cifra tan desproporcionada, lo que se necesita no es una defensa emocional, sino una rendición de cuentas brutalmente clara. El funcionario que no supervisa es tan responsable como el que firma. La omisión en el poder es un acto de complicidad, no de inocencia.
Pero si hay un subtexto más preocupante que las acusaciones, es la forma en que se está narrando esta historia. Vargas Landeros no solo se defiende; acusa. Y al hacerlo, evidencia lo que todos sospechamos pero pocos se atreven a decir con palabras llanas: en Sinaloa, como en tantos otros rincones del país, el sistema judicial es una extensión del campo de batalla político.
Esto no significa que sea inocente. Significa algo peor: que en este país nadie es culpable ni inocente por lo que hizo, sino por a quién incomoda. La justicia mexicana es una pistola cargada, y quién jale el gatillo depende de qué silla ocupa.
Aquí entra el dilema filosófico que acribilla nuestra frágil democracia: ¿puede existir justicia cuando el Estado es juez y parte? ¿Cuándo los tribunales se han convertido en escenarios donde el derecho es un actor de reparto y el poder político el director de escena?
La jurisprudencia debería ser el muro de contención ante el vendaval del poder. Pero cuando ese muro se resquebraja, lo que queda es una parodia de justicia donde los poderosos se salvan entre sí o se destruyen con el mismo código penal que ignoran.
Y mientras los políticos juegan ajedrez con sus libertades y carreras, el ciudadano común queda fuera del tablero. ¿Quién paga las patrullas sobrefacturadas? ¿Quién se queda con la deuda del municipio? ¿Quién responde por la corrupción administrativa si todo se diluye en tecnicismos legales o venganzas disfrazadas de justicia?
Es el juicio de una sociedad anestesiada por escándalos cíclicos, que observa cómo la ley es utilizada como sable o como escudo, pero nunca como equilibrio.
GOTITAS DE AGUA:
Vargas Landeros tiene tres meses para presentar pruebas. La Fiscalía tiene tres meses para solidificar su caso. Pero nosotros, como sociedad, tenemos tiempo indefinido para seguir sufriendo las consecuencias de un sistema donde los culpables se convierten en mártires y los inocentes en estadísticas olvidadas.
Tal vez, como decía Rousseau, la libertad no consiste en hacer lo que se quiere, sino en no estar sometido a la voluntad arbitraria de otro. Hoy, esa libertad está en juicio. Y el veredicto no lo dictará un juez, sino el olvido colectivo. “Si cierran la puerta, apaguen la luz”. “Nos vemos el lunes”…
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