Por. – Benjamín Bojórquez Olea.
Cuando el crimen habla y la oposición aplaude…
El gobernador Rubén Rocha Moya se queda, ni por decreto del miedo ni por exigencia de quienes encontraron en la violencia una oportunidad política. Su permanencia en el cargo no es sólo un acto de voluntad, sino un asunto de Estado. Y entenderlo así es clave para no caer en la trampa discursiva que han tejido los nuevos profetas del caos: esos que, disfrazados de “sociedad civil”, repiten la consigna del narco sin darse cuenta —o quizás sí— de que se convirtieron en su caja de resonancia.
En Sinaloa, la narrativa de la “renuncia” de Rubén Rocha Moya no nació del descontento popular ni del reclamo legítimo de un pueblo agraviado. Surgió del resentimiento político de los derrotados del 2021, de aquellos que fueron desplazados de los tentáculos del poder y hoy, con nostalgia de privilegios perdidos, pretenden incendiar la legitimidad de un gobierno electo democráticamente. Los mismos que antes gobernaban por decreto empresarial y ahora se ocultan tras pancartas de “paz y justicia”.
El narcotráfico posee, sí, un poder infernal, una maquinaria bélica que desafía a las instituciones. Pero carece de legitimidad moral y constitucional. No puede, ni debe, dictar la suerte de un gobernador, mucho menos el rumbo de un Estado. Sin embargo, cuando sectores empresariales y políticos de la derecha —Coparmex incluida— amplifican su narrativa, ocurre algo grave: se borra la línea entre el reclamo cívico y la presión criminal. Y en ese difuso terreno, el Estado de Derecho corre el riesgo de desmoronarse.
Tras los sucesos de julio de 2024, cuando la fractura del Cártel de Sinaloa desató una narcoguerra intestina, el eco de la violencia se transformó en munición política. En lugar de unir fuerzas para contener la crisis, ciertos sectores vieron una ventana electoral. Y como si la sangre ajena fuera estrategia de campaña, aprovecharon el miedo para construir un relato de ingobernabilidad. Un relato que, repetido hasta el cansancio, pretende volver verdad una mentira.
Porque sí Rocha Moya cae, no cae un hombre: cae la legitimidad del Estado. Sería reconocer que el crimen organizado puede vetar gobernadores, marcar el pulso político y decidir quién manda y quién se va. Y eso, más que un precedente, sería una rendición moral.
Las manifestaciones disfrazadas de “movimientos ciudadanos” son hoy el teatro perfecto de una oposición sin proyecto, sin credibilidad y sin brújula. Un frente político que, incapaz de ganar con votos, intenta ganar con ruido. Y en ese ruido, las facciones del narco encuentran música para sus oídos.
No es coincidencia que los ataques más feroces contra Rubén Rocha ocurran cuando el país se aproxima a un nuevo ciclo electoral. Los que ayer juraron defender la democracia hoy la usan como ariete para dinamitarla. Los mismos que criticaban los pactos del poder son ahora quienes normalizan la interferencia criminal como si fuera parte del juego democrático.
En el fondo, lo que está en disputa no es sólo la figura del gobernador, sino la soberanía del Estado y la dignidad de sus instituciones. Si un grupo armado puede forzar la salida de un mandatario, entonces cualquier institución puede ser tomada por asalto. Y si las élites políticas y económicas se prestan a esa estrategia, ya no estamos hablando de oposición, sino de complicidad.
GOTITAS DE AGUA:
Sinaloa necesita serenidad, no histeria. Reflexión, no manipulación. La crítica es válida cuando edifica, pero cuando se convierte en eco del crimen, deja de ser política y se vuelve propaganda.
Por eso, mientras algunos se desgarran las vestiduras exigiendo la caída de Rocha Moya, la historia los observará del lado equivocado de la trinchera, junto a aquellos que confundieron oposición con oportunismo, y libertad con desestabilización.
Porque el verdadero poder no está en quienes gritan más fuerte, sino en quienes saben resistir cuando todos quieren verlos caer. “Si cierran la puerta, apaguen la luz”. “Nos vemos mañana”…
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