- Detalló que 4 de cada 10 presos están en prisión preventiva, es decir, más de 92 mil personas están en espera de recibir una sentencia
Ciudad de México.- Para avanzar en la progresividad y defensa de los derechos humanos de nuestro país, la diputada federal Ana Lilia Herrera Anzaldo presentó una iniciativa que busca eliminar la figura del arraigo y cambiar la de prisión preventiva oficiosa por la de prisión preventiva justificada.
En su propuesta, la integrante del Grupo Parlamentario del PRI explicó que se trata de dar facultades al Ministerio Público para solicitar al juez la prisión preventiva y que sea éste, después de un análisis individualizado, de manera fundada y motivada resuelva sobre la procedencia o no, de la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
Asimismo, perfila que las personas que estén enfrentando su proceso en prisión preventiva tengan el derecho a solicitar su revisión ante la autoridad jurisdiccional correspondiente.
La legisladora priista abundó que esta iniciativa está fundada por el clamor de justicia y el gran reclamo social que exige a las autoridades que no existan en prisión más personas por no tener los recursos necesarios para defenderse y probar su inocencia, mismos que resultan víctimas de fallas en el sistema y son acusados injustamente.
Criticó que el arraigo y la prisión preventiva oficiosa se han convertido en una gran contradicción en nuestro sistema penal, porque en esencia son violatorias de derechos humanos.
La diputada mexiquense detalló que 4 de cada 10 presos están en esta situación, es decir, más de 92 mil personas están en espera de recibir una sentencia
Según el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales, del 100 por ciento de la población en centros penitenciarios, 12.6 por ciento de mujeres llevan dos o más años esperando su fallo, mientras que 14.2 por ciento de hombres llevaba el mismo periodo en espera por una determinación penal.
Por ello, Ana Lilia Herrera pidió a los legisladores salir del falso dilema de que más personas en las cárceles, va a resolver el problema de seguridad y justicia que vive nuestro país.
“Esta reforma es un primer gran paso para comenzar a corregir lo que no está funcionando. Necesitamos que en materia de justicia logremos como Estado mexicano, que quien la hace la pague”, remarcó.
La iniciativa, explicó, rescata la propuesta presentada en la LXIV Legislatura por los
diputados priistas Mariana Rodríguez Mier y Terán, Dulce María Sauri Riancho y René Juárez Cisneros, que pretende reformar los artículos 16 y 19 de la Constitución, en materia de eliminación de las medidas cautelares de arraigo y de la prisión preventiva oficiosa; así como la presentada por César Camacho Quiroz, en la LXIII Legislatura, cuyo proceso quedó inconcluso después de su dictaminación.
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