Primero Editores/ Ingrid Ahumada M–
Toluca, México.- El ayuntamiento de Atlacomulco, que actualmente gobierna Morena, rematará por primera vez en la historia del Estado de México, siete inmuebles propiedad de los priistas Lucas Rogelio Caballero Meraz y Carlos Rodrigo Hinojosa Velasco, presidente municipal y tesorero en la pasada administración.
El contralor de la Legislatura mexiquense Victorino Barrios Dávalos, señaló que anteriormente era impensable que un gobierno priista rematará los inmuebles de ex funcionarios emanados del mismo partido, por ello, dijo que es posible que esta decisión abra la puerta para que más administraciones lo hagan.
A través de un comunicado, el ayuntamiento municipal de Atlacomulco dio a conocer que el próximo 20 de septiembre en las oficinas de la Tesorería Municipal de Atlacomulco, serán rematados siete inmuebles propiedad de los ex priistas mencionados.
La Unidad de Asuntos Jurídicos del Órgano Superior de Fiscalización encabezada por Rogelio Padrón de León, aplicó la sanción a los ex servidores públicos por omisiones o actos realizados durante el desempeño de sus funciones y para resarcir los daños causados a la Hacienda Pública municipal se determinó la ejecución y cobro del crédito fiscal de responsabilidad administrativa a cargo de los ex funcionarios Lucas Rogelo Caballero Meraz, Eblem Israde Rojas y Carlos Rodrigo Hinojosa Velasco.
El pasado 16 de mayo del 2018, fue emitido el acuerdo de acuerdo al expediente número OSFEM/UAJ/PAR-IM/354/13, del cual los ex servidores públicos fueron notificados el 26 de septiembre de ese mismo año, sin que a la fecha se haya cubierto el importe del crédito impuesto por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), que valoró los inmuebles en 7 millones 390 mil 644.88 pesos.
De igual forma el OSFEM aplicó la sanción por omisiones o malos actos realizados en el desempeño de las funciones durante la administración 2006-2009. Con estas acciones, se busca resarcir los daños causados a la Hacienda Pública municipal.
Ante lo anterior, el contralor mexiquense, dijo que ésta es una forma en la que los ayuntamientos podrán cobrarse sobre actos irregulares cometidos en anteriores administraciones, pues “se hace el pago con inmuebles, tras la conclusión de procedimientos administrativos de ejecución”.
Por ello, enfatizó que en ocasiones anteriores los inmuebles los había rematado el gobierno estado, pero ahora seguramente se hizo un juicio administrativo de ejecución y ello ocasionó que se ofrecieran como pago ciertos bienes.
Finalmente indicó que se abre la puerta para que muchos tesoreros emanados de otros institutos políticos, distintos a las administraciones que concluyeron hagan lo mismo, por ello, no sería sorpresa que así suceda.
