Toluca, Méx.- A pesar del llamado del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para reanudar actividades el lunes 28 de octubre, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Toluca decidieron continuar con su paro de labores. Esta protesta, que comenzó el 19 de agosto, tiene como objetivo principal exigir la abrogación del procedimiento de cese de empleados ante la inminente implementación de una nueva reforma judicial.
Paro de labores indefinido
Víctor Flores Nicolás, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Toluca, confirmó que los mil 500 empleados en paro continuarán bloqueando los accesos a los edificios del PJF hasta que sus demandas sean atendidas. Entre las principales preocupaciones de los trabajadores está la posibilidad de despidos masivos, una vez que el nuevo órgano administrativo sustituya al actual CJF.
El procedimiento de cese es visto como una herramienta que podría facilitar los despidos sin justificación, lo que genera incertidumbre entre los empleados del Poder Judicial en Toluca. Flores Nicolás ha señalado que este paro se mantendrá de forma indefinida, sin una fecha clara para su conclusión.
Reclamos laborales y negociaciones
Además de la abrogación del procedimiento de cese, los manifestantes demandan la basificación de puestos de confianza y la adscripción de plazas vacantes para el personal en Toluca. A pesar de que se han establecido mesas de trabajo para discutir estas peticiones, los avances han sido limitados.
A través de acuerdos con el Consejo de la Judicatura, se ha garantizado que los empleados en paro no sufrirán descuentos salariales por lo menos durante este año. Esto ha dado cierta tranquilidad a los trabajadores, pero no ha resuelto la preocupación central en torno a la estabilidad laboral.
Operación parcial y demandas no atendidas
Durante este periodo, el Poder Judicial de la Federación en Toluca continúa operando al 40%, con un enfoque en la atención de juicios en línea y trámites urgentes. Sin embargo, los empleados siguen presionando para obtener respuestas concretas a sus demandas.
El sindicato ha expresado que la decisión sobre la reanudación de actividades se tomará el próximo lunes 28 de octubre, tras una evaluación de los avances en las negociaciones. Mientras tanto, los accesos a los edificios judiciales seguirán bloqueados por los manifestantes hasta que sus exigencias sean atendidas.
Este paro pone de relieve el descontento de los trabajadores del Poder Judicial ante la reforma judicial y las implicaciones que podría tener en sus condiciones laborales.
