Latitud Megalópolis | Mtra. Aida Del Carmen Dan Vicente Parada
El pasado 31 de diciembre se emitió un decreto por virtud del cual se pretende descontinuar y a la postre prohibir el uso de glifosato.
El glifosato es un herbicida de amplio espectro utilizado para eliminar hierbas y arbustos, es absorbido por las hojas y cuando las plagas atacan a éstas mueren por la acción del glifosato; para que las plantas no sean afectadas por el herbicida, son sometidas a una modificación genética, con ello se crea resistencia para el glifosato.
El problema actual con el glifosato que fue el principal componente del herbicida estrella de Monsanto hoy propiedad de Bayer, mejor conocido como Roundup, es que su uso se ha asociado en los últimos años con la incidencia de linfomas -cáncer muy agresivo- en granjeros o jardineros que durante años estuvieron expuestos a la sustancia por motivo de su trabajo. En marzo de 2019 un tribunal en San Francisco estableció que el glifosato fue un factor sustancial en la aparición de cáncer Edwin Hardeman, casos como el de Hardeman son recurrentes, actualmente hay 11.200 juicios contra Roundup en Estados Unidos.
En atención al escándalo, los juicios recurrentes, las evidencias científicas y la acción de varias organizaciones sin fines de lucro, el glifosato es un producto proscrito, al menos eso intenta el Estado mexicano con el decreto del 31 de diciembre, mismo que en su artículo primero detalla que:
El presente Decreto tiene por objeto establecer las acciones que deberán realizar las dependencias y entidades que integran la Administración Pública Federal, para sustituir gradualmente el uso, adquisición, distribución, promoción e importación de la sustancia química denominada glifosato y de los agroquímicos utilizados en nuestro país que lo contienen como ingrediente activo, por alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas, que permitan mantener la producción y resulten seguras para la salud humana, la diversidad biocultural del país y el ambiente. En ese sentido, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto y hasta el 31 de enero de 2024, se establece un periodo de transición para lograr la sustitución total del glifosato.
Se espera con ello incentivar el uso de alternativas sostenibles para una agricultura más amigable con el medio ambiente y que no atente contra la biodiversidad, ya que el glifosato extermina infinidad de plantas y además contamina mantos acuíferos. Con ello se cumple con el principio de precaución establecido en el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, del que México es parte.
En atención a lo anterior el decreto también señala en su artículo 6 que los mexicanos ya no se consumirá alimentos con glifosato, con mención especial, se establece al maíz libre de este agroquímico. En esta parte cabe mencionar que México ya contaba desde 2002 con un régimen especial del maíz, dado que es parte de la herencia cultural del país, en México no se cultiva maíz genéticamente modificado.
Y si bien el decreto atiende a la seguridad y soberanía alimentaria, es necesario señalar que México carece de estos atributos, pues el maíz de follaje -utilizado para alimentar ganado- proviene del exterior, sobre todo de Estados Unidos, y dicho maíz contiene glifosato y es además una semilla modificada, ahora bien, ese maíz se consume en México a través de la ganadería.
En esa misma línea de pensamiento, México importa 80% de comida, para garantizar el abasto de maíz, carne de cerdo, de pollo, trigo, leche en polvo o fórmulas, cereales, semillas, frutos oleaginosos y frutos diversos. Es decir, México no tiene soberanía alimentaria. Si se prohíbe sembrar productos para cuya cosecha sea utilizado el glifosato, es un golpe duro para los agricultores, porque ellos carecen de los conocimientos y productos de la agricultura sostenible y amigable con el ambiente.
Resta decir, que este decreto no nos libera del glifosato en las mesas de cada hogar, porque México no produce sus propios alimentos, por ello no puede verificar cómo son producidos, si se importa comida será muy difícil que ésta no contenga algún herbicida.
Si México de verdad quiere soberanía alimentaria tiene que invertir en el campo, el decreto es solo una parte, no es la solución para contar con una comida de mayor calidad y que no sea dañina para los ciudadanos. Y es que el decreto, deja una gran laguna porque señala que quedará prohibido el glifosato en la cadena de producción, pero no prohíbe la importación de alimentos con herbicidas que contengan glifosato. En síntesis, el campo sigue sin contar con verdaderos apoyos y los consumidores no saben de dónde vienen los alimentos que llegan a su mesa, ni cómo fueron cosechados o producidos, y por consiguiente cómo afectan su salud.
Necesitamos seguir trabajando en el tema.
