Primero Editores / Ingrid Ahumada
Toluca, México.- La pandemia por COVID-19 confirmó que los principales agresores de las mujeres se encuentran en sus domicilios o están inmersos en sus redes fraternales, pues los índices de violencia contra la mujer no han bajado desde que inició el confinamiento, así lo señaló Wendy Figueroa Morales, directora de la Red Nacional de Refugios.
La activista, señaló que a la par de la contingencia sanitaria se registran diariamente muertes de mujeres por violencia y al día hay 11 feminicidios en México de los cuales, al menos uno se comete en la entidad mexiquense.
“Eso implica que hay más de 4 mil mujeres asesinadas al año por el simple hecho de ser mujer”, abundó.
Durante la conferencia “Feminicidios, la otra pandemia” organizada por el colectivo de mujeres 50+1, Dilcya García Espinoza, Fiscal Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género en la entidad, señaló que en realidad las mujeres violentadas han vivido en confinamiento desde antes de la pandemia, pues sus agresores les impiden cualquier tipo de relación socio-familiar.
Lo anterior debido a que en la situación de violencia estructural las han aislado, lo cual -dijo- seguirá ocurriendo si no se garantiza una vida libre de violencia desde los hogares.
Asimismo, Melissa Vargas Camacho, vocal del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, señaló que actualmente la violencia intrafamiliar y contra las mujeres, así como el abuso de menores se ha vuelto un problema público y ya no privado, por lo que su erradicación y la generación de políticas públicas que den solución a estas problemáticas deben ser atendidas por las instituciones gubernamentales.
“Una de las violencias más generadas en nuestro estado es la privada, que es la que se gesta al interior de los domicilios y es la más difícil de erradicar”, comentó.
Finalmente, las activistas y especialistas puntualizaron que es fundamental contar con juzgados especializados que den seguimiento a los casos de violencia y feminicidios, así como contar con funcionarios públicos capacitadas en dar atención a estos casos, pues señalaron que el 98 por ciento de los feminicidios en nuestro país queda impune.
