Primero Editores / Ingrid Ahumada M.

Toluca, México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), ha logrado más de 20 asuntos con sentencias de extinción de dominio, principalmente de inmuebles en el Valle de Toluca y México en los que se encontraban “narco tienditas”, así como algunos vehículos, informó su titular Alejandro Gómez Sánchez.

En entrevista posterior al primer Conversatorio Nacional sobre Extinción de Dominio, dijo que deben valorar cuánto costará el proceso respecto al valor intrínseco del bien que se trate para la extinción de dominio, pues indicó que a veces estos inmuebles no tienen un valor real y el proceso incluso podría salir más caro que el costo del inmueble.

Dijo que el valor de estos inmuebles va de los 300 mil pesos a los 2 millones de pesos. Ante esto, destacó una casa de seguridad que era propiedad ejidal, dijo que “el 27 Constitucional dice que un predio ejidal es inembargable, pero el 22 Constitucional establece que los bienes asociados en ciertos delitos, entre otros el secuestro, son materia de extinción de dominio”, así destacó que la fiscalía estatal logró la primera sentencia en materia de extinción de dominio sobre una propiedad ejidal y aseguró que irán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a litigar este caso.

En este sentido, destacó que la FGJEM ya tiene el Instituto de administración de bienes asegurados, que es el encargado de regular el dinero resultado de la venta del bien inmueble y que se destina al gobierno mexiquense, quién deberá utilizarlo para fines sociales.

Sobre los casos de propiedades en renta, explicó que es importante definir cómo se abordan esos temas, porque la Constitución establece que deben interponer los recursos para acreditar el origen lícito de los bienes y que el dueño no sabía que el predio se empleaba para actos ilícitos.

Así explicó que si el contrato de arrendamiento se registra ante Catastro y el Registro Público de la Propiedad, existe certeza jurídica del inmueble, pero -dijo- que si el arrendatario solo recibe un pago adelantado de renta por un año y no indaga más datos sobre quienes le rentan, se puede presumir que hay cierta responsabilidad por parte del dueño.

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