Toluca.- Bernardo Alejandro “N” fue detenido en el estado de Quintana Roo, con apoyo de la Fiscalía General de esa entidad y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal. Posteriormente fue trasladado al Estado de México, donde ingresó a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social.
Captura del implicado en el marco de la Operación “Liberación”
Colaboración interinstitucional permitió la detención
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) encabezó la investigación que derivó en la ubicación de Bernardo Alejandro “N” en Quintana Roo. La dependencia solicitó la colaboración de su homóloga en esa entidad para concretar la aprehensión.
Traslado e ingreso a penal en Toluca
La detención ocurrió el 22 de julio en Cancún. En la madrugada del 24 de julio, el implicado fue trasladado al Estado de México. Llegó al edificio central de la FGJEM en Toluca, donde fue certificado y después remitido a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social. Quedó a disposición de un Juez, quien determinará su situación jurídica.
Investigación por extorsión agravada en Ixtapan de la Sal
Vínculos con grupo delictivo y actividades coercitivas
De acuerdo con las investigaciones, Bernardo Alejandro “N” presuntamente operaba para un grupo delictivo con origen en Michoacán. Su función consistía en controlar la venta de pollo en el municipio de Ixtapan de la Sal, donde exigía a comerciantes comprar exclusivamente a dicho grupo.
Hechos del 12 de mayo bajo investigación
El 12 de mayo de 2025, el implicado, junto con otros dos individuos, presuntamente amenazó al dueño de un negocio de pollo. Le exigieron vender solo su producto e impusieron una multa de mil pesos por no acatar la orden. Por estos hechos se le cumplimentó un mandamiento judicial por el delito de extorsión agravada.
Contexto de la Operación “Liberación”
Investigación contra prácticas extorsivas en unidades económicas
La captura formó parte de la Operación “Liberación”, una estrategia de la FGJEM que investiga a grupos criminales que imponen cuotas o precios abusivos. Estas prácticas afectan a negocios locales al obligarlos a comprar, vender o adquirir bienes bajo condiciones extorsivas
