Ciudad de México.- Frente a las deficiencias estructurales y de seguridad social que quedaron en evidencia durante la emergencia sanitaria por la COVID-19, es necesario impulsar un acuerdo social colectivo que coloque al trabajo y a la seguridad social como el centro del bienestar y el progreso humano, consideró el director del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) de la UNAM, Enrique Provencio Durazo.
El investigador universitario estimó esencial retomar la deliberación pública y una discusión a fondo sobre lo que significó la gran disrupción del suceso que atacó la línea de flotación, no nada más de la salud pública sino de los medios de acceso al ingreso y a la prosperidad.
Lo que no debemos perder de vista es la construcción de ese acuerdo social que ponga en el centro de la política de mejorar el empleo, ese es un primer aspecto que encuentra condiciones favorables por algunas de las reformas laborales en marcha que tienen como eje, justamente, la revaloración del trabajo que más allá del efecto de la recuperación debe centrar la estrategia en una perspectiva de empleo digno, apuntó.
Agregó que la planificación de superación de la pobreza y de la reducción de la desigualdad debe focalizarse en la idea del empleo y el salario dignos, lo cual requiere de una discusión más a fondo sobre la ubicación del primero en la estrategia de desarrollo.
Enrique Provencio subrayó que una recuperación sostenida del empleo con mejores niveles salariales, y sobre todo con condiciones laborales adecuadas, tiene relación con la dinámica del crecimiento y del fortalecimiento económico y con una política que permita la recuperación sostenida de la inversión; sin embargo, es necesario que esos requisitos para fortalecerlo queden explícitamente enunciados en la programación económica a seguir.
Durante la presentación en el PUED del volumen El mundo del trabajo y el ingreso, que forma parte de la colección universitaria “La década COVID en México. Los desafíos de la pandemia desde las Ciencias Sociales y las Humanidades”, la investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la UNAM, Berenice Ramírez López, comentó que uno de los grandes cambios en materia laboral que se generaron durante la emergencia sanitaria -y que se analiza detalladamente en el libro- fue el de las nuevas formas de organizar el trabajo y cómo la COVID aceleró las actividades home office.
El empleo realizado en casa se adoptó en varios espacios productivos; incluso después del periodo pandémico esta modalidad se ha combinado con actividades presenciales, lo que generó acciones híbridas mediante las cuales una parte importante del quehacer de oficinas y empresas se mantiene algunos días a distancia y otros de manera presencial, aumentando significativamente la precariedad laboral.
“El trabajo a distancia permitió que la productividad de muchas empresas e instituciones no se viera afectada y, al mismo tiempo, los empleadores disminuyeron los costos laborales. Sin embargo, es ahí donde advierto que hay que tener cuidado por las implicaciones -principalmente para los trabajadores- de la denominada economía formal, porque sin duda esto también aumentó la precariedad y la inseguridad laboral”.
Se ha hablado demasiado de los beneficios que se alcanzaron con el colaboracionismo entre empleados y las empresas a través de las plataformas digitales; no obstante, en esta modalidad los trabajadores no tienen ninguna responsabilidad, pues por lo general responde a los intereses de las trasnacionales que contratan sin ningún tipo de prestaciones, ni acceso a la seguridad social.
En este tema, afirmó, se requiere de estricta regulación y estructuras de formalización para terminar con el abaratamiento de la fuerza de trabajo en condiciones de mayores riesgos y vulnerabilidad.
La investigadora reconoció que hay avances importantes en cuanto a la obligatoriedad legal para que las compañías cumplan con el reparto de utilidades, lo cual también ha sido un factor importante en el aumento del ingreso registrado en los últimos meses.
Protección social
Ramírez López enfatizó que durante y después de la pandemia se registró pérdida de vida potencialmente activa, principalmente para las mujeres, debido a que varias abandonaron sus empleos para asumir encomiendas de cuidado en sus hogares, lo cual acentuó las condiciones laborales restrictivas para ellas.
En la presentación del libro participó como comentarista Jesús Waldo Martínez Soria, investigador del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, quien se refirió a la situación, particularmente grave, que enfrentaron las personas que se dedican a alguna actividad informal.
En ese sector, dijo, millones se quedaron sin fuente de trabajo, pero además, por su condición laboral, terminaron desprotegidos de los servicios médicos básicos frente a los esfuerzos gubernamentales que no logran atenuar los diversos impactos del virus SARS-CoV-2.
Es necesario discutir y analizar los instrumentos de protección social que hicieron faltan durante los momentos más críticos, particularmente el seguro de desempleo, que aun cuando está considerado en nuestra Constitución, los gobiernos se resisten a implementarlo.
Este acontecimiento advierte la importancia de utilizar estos instrumentos, porque probablemente la afectación al ingreso, a los niveles de informalidad y a todos aquellos trabajadores que salieron del mercado de trabajo, hubiera sido menor teniendo estos mecanismos, que se aplican con éxito en más de 70 países, reiteró.
La obra es una colaboración entre el IIEc y el PUED de la Universidad Nacional Autónoma de México, parte de un conjunto de aportaciones sobre rasgos y problemáticas del trabajo en México para proporcionar recomendaciones de política laboral, social y económica, orientadas a reconfigurar la organización, generación y distribución de mejores circunstancias laborales, e integran el teletrabajo, sus flexibilidades y desafíos, así como la interacción del país con otras economías.
