Ciudad de México.- El acceso a la justicia y su impartición con utilidad pública y responsabilidad social, marca la diferencia entre las democracias de calidad y las que no lo son. Dentro del Estado de derecho -cimiento del andamiaje democrático y social en México- la importancia de la Judicatura es la impartición de justicia y la defensa irrestricta de los derechos de las personas, expusieron juristas congregados en la UNAM.
Durante la inauguración del Congreso Internacional 2023 “Los retos de la Judicatura”, el director de la Facultad de Derecho (FD) de la Universidad Nacional, Raúl Contreras Bustamante, recalcó: dentro de las funciones esenciales y estratégicas del Estado mexicano está la impartición de justicia, función depositada en los tribunales federales que se encargan de garantizar los derechos constitucionales y convencionales de las personas y hacerlos justiciables.
La labor de jueces y magistrados es velar por el cumplimiento de la ley. “Y no es poca cosa, pues en la correcta aplicación de la norma es donde el derecho cobra su existencia y sentido”, añadió.
En el Estado democrático de derecho está contenido un complejo sistema de preceptos y principios que orientan la vida pacífica de una sociedad justa, la división de poderes, la protección contra los abusos y excesos del poder, el respeto a los derechos humanos, las garantías de libertad para una vida digna y para elegir a nuestros gobernantes, entre otros, estableció.
Este Congreso, que se extenderá hasta el 20 del mes en curso, “nunca había sido tan oportuno. Los diálogos y el conocimiento serán palabras que contribuirán a moldear la defensa de los derechos de todos. En materia de impartición de justicia, le corresponde a la academia y a la Judicatura generar propuestas sólidas para que disfrutemos el país que todos anhelamos”, dijo Contreras Bustamante.
Al hacer uso de la palabra, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, en representación de la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, enfatizó que no hay un tema más importante que los retos que enfrenta la Judicatura.
En las resoluciones fincamos nuestra solidez y confianza; sin embargo, no faltan las voces que por intereses particulares procuran desestabilizar y minimizar el trabajo de jueces, magistrados y ministros, y del personal que constituye al Poder Judicial de la Federación.
La Constitución es nuestra guía, no los intereses momentáneos de la política o de ciertos grupos sociales. Nos interesa cumplir y hacer cumplir la Carta Magna. “Ella es la verdadera voz del pueblo de México”, destacó.
El objetivo final del trabajo de la Judicatura es defender las garantías inalienables que nuestra Constitución establece y reconoce. Por eso es tan importante que supere los retos que enfrenta, expuso en el Aula Magna Jacinto Pallares, de la FD.
Aguilar Morales aclaró que es mentira que los fideicomisos que se establecen en el Poder Judicial sean a favor de algún ministro de la Suprema Corte. “Todos son ajenos a cualquier condición que les beneficie; ninguno de ellos tiene que ver con algún servicio o privilegio”. Pero sí están establecidos en beneficio de jueces, magistrados y empleados del Poder Judicial para que tengan la tranquilidad e independencia de servir al pueblo de México.
Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, comentó que uno de los bienes públicos que más preocupa a los mexicanos es la justicia.
Un Estado de derecho eficaz, que contribuya al desarrollo democrático, político, social y económico de nuestro país requiere de tribunales abiertos y cercanos a la ciudadanía. Ellos también son clave en el funcionamiento del sistema legal y social; “a través de las sentencias de jueces podemos abonar a hacer efectivos los anhelos de igualdad, paz y libertad”.
La función judicial independiente, imparcial y objetiva, opinó, contribuye a que la justicia en acción sea más estable y predecible, y eso tiene gran valor para la ciudadanía, porque fortalece la confianza en las instituciones, el Estado de derecho y el sistema democrático.
El Congreso, acotó, representa un espacio idóneo para fomentar el diálogo reflexivo, incluyente, con la Judicatura, la academia y los estudiantes. “Las reflexiones contribuirán no sólo a mejorar la impartición de justicia, sino a fortalecer la relación entre justicia y sociedad, y al fortalecimiento de nuestra democracia”.
A su vez, el director nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), Froylán Muñoz Alvarado, señaló: “los juzgadores desempeñamos nuestras funciones en los tribunales. Nuestro vocabulario no es la difamación, sino las razones con fundamento en normas de jurisprudencia, principios constitucionales y convencionales. Las personas juzgadoras nos debemos a la sociedad. En nuestras resoluciones permea el principio de la justicia social constitucional”.
Rechazamos todo acto o manifestación tendente a vulnerar la independencia y autonomía del Poder Judicial. “No somos privilegiados, no actuamos por consigna. Obtenemos nuestros encargos constitucionalmente encomendados con base en el conocimiento y la carrera judicial. En la Judicatura Federal servimos a la ciudadanía y atendemos a principios como la objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia, paridad y perspectiva de género. Los ciudadanos pueden seguir confiando en los juzgadores federales”, sostuvo.
Al acto inaugural asistieron, entre otros, Dalila Quero Juárez, subdirectora nacional de la JUFED; y Janine Otálora Malassis, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
