Ciudad de México.-
Es deseable contar con un sistema nacional de salud público integrado, que se tendrá que costear en el mediano plazo con recursos fiscales; para financiarlo hay que pensar en una urgente reforma fiscal, interesante, ingeniosa, donde incluso pueda haber impuestos estatales y municipales, coincidieron en señalar expertos en la Universidad Nacional.
En el Primer Coloquio Internacional: La Humanidad Amenazada, ¿Quién se hace cargo del futuro?, organizado por el Programa Universitario de Gobierno de la UNAM y el Instituto de Gobernanza Democrática de España, Arantxa Colchero Aragonés, investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública, dijo que el sistema de salud en México no tiene recursos suficientes para garantizar una cobertura efectiva y de calidad para la población más pobre, y el reto aumentó con la pandemia.
En el auditorio Alfonso Caso, en Ciudad Universitaria, la especialista en economía de la salud calificó como urgente mejorarlo de forma considerable, lo cual requiere de recursos.
Señaló que, desde su origen, está fragmentado en términos del financiamiento; instituciones como el IMSS y el ISSSTE tienen una forma de financiarse diferente, la provisión es distinta, al igual que la calidad, y con una gran heterogeneidad en el territorio nacional. Pero lo más grave es que 50 por ciento de la población en el sector informal no tiene derechohabiencia y es la más pobre.
Al responder a la pregunta de quién se debe hacer cargo de su fortalecimiento y reducir las desigualdades de acceso, consideró que el gobierno, quien debe también con la ampliación de las políticas públicas de prevención (tamizaje, campañas, etcétera) de enfermedades crónicas, y la regulación basada en marcos de referencia construidos a nivel global que promuevan la salud planetaria.
En la sesión dedicada al tema Desigualdad, financiamiento y políticas públicas para el desarrollo -coordinada por el director de la Facultad de Economía (FE), Eduardo Vega López- el secretario General de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, refirió que la segmentación en el sistema público de salud se ve reflejado en un mecanismo adicional de ampliación de la desigualdad.
Durante el cuarto día de las conversaciones temáticas, indicó: ante el estancamiento del empleo en el sector formal ha habido un esfuerzo por impulsar mecanismos de financiamiento a la atención de la población, como el Seguro Popular, pero tampoco fue acompañado de una política sistemática de análisis donde había que ampliar la oferta de atención ya existente. “Sin duda ha faltado coordinación y un mayor énfasis en la prevención”. Hoy se requiere un sistema nacional de salud con prestaciones homogéneas.
La falta de protección de la salud se constituye en un factor de riesgo para caer en situaciones de pobreza. Esa es una de las grandes prioridades del país y de las reformas primordiales que debimos haber emprendido hace tiempo. “Hay que hacernos cargo de ella antes que el futuro nos alcance”, sostuvo el funcionario.
Victoria Nuguer, investigadora del Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo, explicó que la región de América Latina y el Caribe se enfrenta a un triple desafío. El primero es el social, consistente en revertir las tendencias crecientes de pobreza, desigualdad e inseguridad alimentaria.
Asimismo, el desafío fiscal y la necesidad de reformas para superar los retos sociales; y el de crecimiento, ya que antes de la pandemia la región tenía niveles bajos de crecimiento económico, en promedio de dos por ciento. Y a esos retos se suman otros: el cambio climático, la diversidad y la inclusión, y el Estado de derecho.
Por ello, propuso la agenda de políticas para abordar esos desafíos en el corto plazo la cual incluya estrategias para controlar la inflación y proteger la credibilidad de la política monetaria; y la implementación y fortalecimiento de los subsidios focalizados para proteger a los más vulnerables; y en el mediano y largo plazos, adoptar reformas fiscales e instituciones para un gasto más eficiente y sistemas tributarios progresivos, así como diseñar políticas e instituciones para promover el crecimiento de la productividad.
Al hacer uso de la palabra, Rolando Cordera Campos, profesor emérito de la FE, mencionó que necesitamos un sistema público universal de cuidado de la salud que incluya la prevención. “El sistema actual de financiamiento de lo público y de lo privado, no alcanza”. Como sociedad debemos asumir a la salud como un derecho humano, pero también como una responsabilidad de todos, individual y colectiva, y desde esa perspectiva, plantear una reforma.
Esta, debe comenzar por el aspecto tributario, que responda a criterios de equidad distributiva y de urgencia contributiva, que en efecto le den al Estado mexicano, en sus diferentes órganos de gobierno, capacidades reales, efectivas, de atender consistente y cotidianamente el reclamo mayoritario de salud, expuso.
En tanto, Carlos Urzúa Macías, investigador nacional y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, sostuvo que la salud y la educación públicas son la mejor manera de redistribuir el bienestar para cada uno de los mexicanos.
Recordó que el Seguro Popular tenía una gran ventaja: los servicios de salud eran proveídos por los sistemas estatales en la materia, los hospitales y clínicas en cada entidad, y el gobierno federal financiaba esos servicios. No obstante, la universalidad nunca se dio.
En este sexenio se decidió un cambio radical; crear el Instituto de Salud para el Bienestar. Se pretendió centralizar de nueva cuenta el gasto, desde la compra de medicamentos hasta el pago de la nómina. No funcionó en absoluto porque estaba mal diseñado y llegó la pandemia. Ahora, el gobierno se inclinó por el IMSS Bienestar, pensado para atender a los más pobres, lo cual parece una mejor idea, opinó.
En tanto, Eduardo Vega López, director de la FE y moderador de las conversaciones temáticas, expuso: hay que pensar juntos en torno a las amenazas que enfrentamos como humanidad. Un problema sustantivo, estructural y que sigue presente es la desigualdad, y junto con ella el financiamiento para fondear las políticas públicas que puedan traducirse en desarrollo, y si es sustentable, mejor.
En la sesión también participó Ricardo Bielschowsky, economista y catedrático de la Universidad Federal de Río de Janeiro
